Candidatos a las curules de paz alertan sobre la incidencia de la política tradicional en el proceso de elección que tendrá su final el próximo 13 de marzo. Denuncian ventajismo, pocas garantías y la compra de votos, tomando en cuenta que los aspirantes a estos cargos no cuentan con recursos para poner a la par de la politiquería que sigue invadiendo al Caribe colombiano.
En el caso de la circunscripción de los Montes de María hay 40 candidatos que compiten por la curul especial, algunos de ellos advirtiendo que quedaron en medio de la lucha de dos «Goliat», haciendo referencia a las clases políticas tradicionales de Sucre y Bolívar que estarían apoyando a candidatos.
Edgardo Flores, coordinador de la Mesa de Víctimas en El Carmen de Bolívar, señaló que el proceso fue mal diseñado y que estas elecciones, de carácter especial, debieron realizarse aparte de las legislativas.
«Estas elecciones no se tendrían que dar porque es compromiso del Estado dar recursos para financiar las campañas y eso no ha ocurrido, se están exigiendo pólizas por encima de los $6 millones para campesinos que no cuentan con ese dinero», indicó.
Agregó que mientras los representantes de las víctimas están haciendo campaña con las uñas, visitando en moto y hasta en burro las veredas, otros candidatos se movilizan en camionetas y cuentan con afiches publicitarios, con financiación de políticos tradicionales.
«Están ofreciendo electrificación y placahuellas, que un campesino, un líder rural no tiene la posibilidad de prometer. Estas personas son respaldados por concejales y dirigentes políticos del departamento», exclamó.
Mientras tanto, aspirantes a la curul como María Francisca Lentino, aseguran que durante su campaña no han tenido publicidad, ni espacios en medios de comunicación locales.
«Con los recursos que logramos recoger entre varios compañeros pagamos la gasolina de motocicletas y recorremos vereda en vereda llevando nuestras propuestas y haciendo pedagogía del acto legislativo porque el Estado no ha socializado el proyecto de las Curules Transitorias Especiales para la Paz con estas comunidades», advirtió Lentino.
Esta mujer, oriunda del corregimiento de San Isidro, lamenta que el mismo Estado ha puesto «trabas» para desarrollar la campaña. «A la guerrilla no le pusieron tantos problemas para llegar al Congreso como lo hacen con nosotros».
Compra de votos
Varios de los candidatos y líderes sociales consultados en terreno, denunciaron que a las campañas por las curules de la paz llegaron las irregularidades de la política tradicional, como ofrecimiento de dádivas a cambio de votos.
Desde animales como reses, gallinas o dinero en efectivo son ofrecidos a campesinos y victimas con amplias necesidades.
Argemiro Capella, de 70 años de edad, es líder de la vereda El Bálsamo del corregimiento de El Salado, tiene la experiencia de observar cada cuatro años el desfile de políticos y emisarios por las trochas de la vereda en donde hoy hay 42 familias que progresivamente han retornado, llevando las mismas promesas de siempre.
«Ya no comemos cuento», dice Argemiro tras relatar que hay candidatos que se han acercado preguntando cuántas gallinas necesita para conformar un galpón, a cambio de «conseguirle unos voticos».
«Llegan con 30.000 pesos en efectivo y lastimosamente muchas personas lo toman para alimentar a su familia porque no consiguen mayores recursos, pero aquí ya no nos meten los dedos en la boca», señala el líder de la comunidad.
Añade que el otro tema que es «caballito de batalla para los politiqueros» es el servicio de agua potable. «Actualmente viene un carrotanque una vez a la semana para llenar los tanques con 50.000 litros en el colegio y para las viviendas y los políticos llegan a prometer mil maravillas cazando votos», recordó.
Por su parte, Dionisio Alarcon, quien es candidato por la circunscripción advirtió que hay candidatos que supuestamente son víctimas y tienen hasta asistentes y se movilizan en camionetas.
Agregó que «hay aspirantes que ofrecen energía eléctrica en las zonas rurales, porque amplias zonas anhelan este servicio y hacen cualquier cosa por tenerlo y de esto se están aprovechando».
A su turno, Jorge Montes, líder social en los Montes de María, denunció que recientemente hubo un trasteo de votos por personas ajenas a la región que fueron inscritas para poder votar por las curules especiales.
«Recientemente vimos buses que traían a personas que viven en Barranquilla, municipios del Atlántico y algunos barrios de Cartagena hasta corregimientos y veredas como Caracolí y Bajo Grande para que zonificaran sus cédulas», dijo Montes, quien aseguró que no ha habido acciones por parte de los organismos de control.
Por otra parte, para Montes no existieron filtros más radicales para determinar quiénes son verdaderas víctimas y campesinos, su trayectoria, lugar de residencia o si ya fueron funcionarios por cargos populares.
Ramiro Ortega, candidato a la curul especial, tras los señalamientos recogidos en terreno por habitantes del casco urbano y rural de El Carmen de Bolívar, de supuestamente tener el respaldo de casas políticas, concretamente de Vicente Blel Saad, condenado por parapolitica y padre del actual gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff.
Ortega aseguró que «con el señor Blel, ojalá lo que andan diciendo fuera cierto porque hoy me declarara ganador porque no he contado con esa ayuda de él, ni con ninguno. Sólo he tenido la ayuda de Dios y de campesinos».
Las víctimas del conflicto armado en el sur de Córdoba, también denunciaron que su representación en el Congreso está en riesgo por cuenta de los partidos tradicionales que quieren quedarse con la curul de paz. Afirman que la candidata María Palencia Vega es ficha del Gobernador de Córdoba y otro candidato, Juan David Fernández, estaría inhabilitado.
Rosmery Hernández Sánchez, habitante del corregimiento Los Morales, en Tierralta, señala a una candidata en particular: “Es la prima del Gobernador actual. Nosotros llevamos desventaja, porque económicamente, no tenemos solvencia. Entonces, las víctimas nos sentimos en desigualdad de condiciones”.
También habló Yesica Paola Castaño, otra habitante del sur de Córdoba, una de las zonas del país más afectadas por el conflicto armado: “La política tradicional, por decirlo de alguna manera, nos lleva el pie encima, porque somos campañas de ideas y no de comprar votos”.
Las víctimas del conflicto se refieren a Leonor María Palencia Vega, inscrita en la lista de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó. Palencia Vega, según algunas voces de la zona, es prima del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora.
Eduard Enrique Petro, candidato por la Etnia Afrocolombiana El Paraíso, tiene una posición crítica frente a este caso: “La política tradicional tiene la intención de quedarse con esa curul. Lamentablemente, no podrán utilizarla y se quedarán con la silla vacía, porque sabemos que esas personas, que hoy están en nombre de ellas comprando de votos, se encuentran inhabilitadas”.
Probablemente, esas relaciones entre candidatos de paz y políticos tradicionales serán determinantes el domingo 13 de marzo, ante lo cual algunas víctimas advierten que las curules de paz quedarán en manos de quien tenga maquinarias.
En Córdoba está la zona transitoria especiales de paz número 14, que agrupa cinco municipios: Montelíbano, Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré y Valencia. En esta región, según datos de la Registraduría, quedaron inscritos 18 candidatos que buscarán quedarse con la curul de paz el próximo 13 de marzo.
EN VALLEDUPAR SE ENCADENARON
Desde hace nueve días, los candidatos a la Cámara de Representantes por las curules de Paz, circunscripción 12, mantienen una protesta en las instalaciones de la Registraduría Especial de Valledupar, en busca de garantías.
“No nos han informado nada, pero nosotros tenemos claro cómo funciona el establecimiento colombiano, a quienes reclamamos los derechos por la vía pacífica nos tratan como delincuentes”, dijo el aspirante Luis Fernando Lara, quien denunció además que una comisión del Esmad está rodeando el lugar desde ayer lunes,
