Por: Maye Rodríguez
Una grave situación de orden público mantiene en alerta a las autoridades en el departamento del Cesar, luego de que circulara en redes sociales un panfleto atribuido al Clan del Golfo, en el cual se amenaza de muerte a fiscales y jueces del distrito judicial de Valledupar.
Entre los funcionarios directamente señalados se encuentran la fiscal Lina Oñate Daza y la juez Mónica Quiroz, a quienes se les exige liberar a integrantes de esa estructura criminal.
La amenaza ha provocado reacciones en diferentes niveles del Estado, incluyendo un pronunciamiento del Consejo Superior de la Judicatura, que condenó enérgicamente los hechos y expresó su respaldo a los funcionarios afectados. “La Corporación rodea con determinación, respeto y total solidaridad a quienes integran este distrito judicial, y trabaja de manera coordinada con la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia para fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar la tranquilidad de los servidores en el cumplimiento de sus funciones”, expresó el Consejo en un comunicado oficial.
El panfleto, que menciona al “Ejército Gaitanista de Colombia” —como también se autodenomina el Clan del Golfo— exige la liberación de varios de sus miembros identificados como ‘Miller’ (Miller Mendoza), ‘Tito’ (Jhonatan Villazón) y ‘Mayck’ (Mayck Mendoza), y advierte que, de no cumplirse esta exigencia, las funcionarias serían declaradas objetivo militar.
Eduardo Esquivel López, secretario de Gobierno del Cesar, informó que se convocó de urgencia una mesa de trabajo de seguridad con la participación de altos mandos de la Fuerza Pública, en la que se tomarán decisiones concretas para reforzar los esquemas de protección a los funcionarios judiciales amenazados.
“Se van a analizar todos estos casos en la mesa de seguridad con presencia de generales y coroneles. Se tomarán medidas administrativas y, de ser necesario, se activarán recompensas para capturar a los responsables de estas intimidaciones. También se revisarán y ampliarán los esquemas de protección para jueces y fiscales en riesgo”, dijo el funcionario.
La preocupación por la seguridad de los funcionarios judiciales crece debido al aumento de las presiones de grupos armados ilegales sobre el sistema de justicia en zonas del país donde mantienen injerencia. El caso del Cesar no es aislado, pero ha generado especial atención por el tono y el alcance de las amenazas.
Desde la Rama Judicial se ha reiterado que no se tolerará ningún intento de presión que atente contra la independencia de la justicia, e hicieron un llamado al Gobierno nacional para garantizar condiciones que permitan a sus funcionarios ejercer sus funciones sin temor. Entretanto, organismos de inteligencia ya se encuentran tras la pista de los responsables de la divulgación del panfleto, mientras se evalúa el nivel de riesgo y se refuerzan las medidas de seguridad para las personas señaladas.
