El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Nación indemnizar a la comunidad indígena más numerosa de Colombia por la masacre que cometió el Frente Contrainsurgencia Wayúu de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
En esta sentencia, de primera instancia, se castiga específicamente al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, que deberá responder 49.000 salarios mínimos legales vigentes a 490 personas que conforman la comunidad afectada, quienes hicieron una acción de grupo para exigirle a la Nación.
Cabe recordar que en el episodio sangriento, que se produjo el 18 de abril de 2004, en el corregimiento de Portete, municipio de Uribia, La Guajira, mataron a 12 personas y desaparecieron dos mujeres de la etnia Wayúu: Diana Fince y Reina Pushaina. Desde ese día, unos 500 indígenas huyeron despavoridos por el desierto y la mayoría lograron refugiarse contra su voluntad en el vecino país de Venezuela.
Esta masacre fue perpetrada por paramilitares del Bloque Contrainsurgencia Wayúu, que en esa época estaba al mando de alias ‘Pablo’ y ‘Chema Bala’, quienes recibían órdenes de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.
Los paramilitares dispararon contra el grupo indígena en la Bahía Portete después de recibir informes de que estos estaban secuestrando y robando en la región. Cinco miembros de la familia Fince Epinayú fueron asesinados, acusados de secuestrar a un inmigrante libanés. Con el paso de los días, que se fue esclareciendo la situación se conoció que los motivos eran por otra razón y era que existía una rivalidad entre ‘Chema Bala’ y la familia Fince por el control del puerto de Bahía Portete.
La familia Barros Fince, espera algo más que esa demanda, ya que solo se les está reconociendo es el desplazamiento. “Existe un proceso penal contra el Ejército y algunos militares que acompañaron a los paramilitares en masacrar a la comunidad indígena”, precisó Telemina Barros Fince.
Esta comunidad del corregimiento de Bahía Portete le exige a la Nación la reparación colectiva por el territorio.
