El Tribunal Superior de Cartagena condenó a 48 meses de prisión domiciliaria al concejal, César Pión, y al exconcejal Américo Mendoza, procesados desde el 2014 por el delito de prevaricato por acción.
Con este fallo se revoca la sentencia del Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, el cual en decisión del 21 de abril de 2021, había absuelto a los procesados.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación, acusó a Pión y a Mendoza, por autorizar 35 órdenes de pago por la suma de $7.200 millones por concepto de reajuste de honorarios a concejales y exconcejales de la ciudad durante el periodo comprendido entre 2001-2009, sin el lleno de requisitos legales.
Estos hechos tuvieron lugar en marzo de 2012, cuando el concejal y exconcejal se desempañan como presidente y vicepresidente de esta corporación.
De acuerdo con el fallo del Tribunal Superior de Cartagena, los acusados tenían para la época de los hechos más de dos meses en el ejercicio de la labor como concejales de la ciudad de Cartagena, de lo cual, se infiere que tenían la madurez, un nivel académico alto y bagaje que, a pesar de haber iniciado apenas su periodo, difícilmente pudieron haber en un error tan elemental como el presente en los actos administrativos asociados a la conducta típica: desconocer la necesidad de contar con un certificado de disponibilidad presupuestal para ordenar la afectación de una apropiación presupuestal determinada.
El fallo de la sala penal ordena, además, el pago de una multa equivalente a 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad por 80 meses para ejercer funciones públicas.
Frente a la decisión, el concejal César Pión aseguró que, “Si somos responsables tenemos que admitir, cumplir las condenas que definen, pero hay unos procesos, y en ese sentido serán interpuestas las diferentes oportunidades que se tienen (…) Sin embargo, tengo que decirles que la ley es la ley, tenemos que ser respetuosos, no nos escondemos, ponemos la cara, y si tenemos que pagar por errores, tenemos que pagar por los errores”.
