La Procuraduría General de la Nación requirió al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, y al agente interventor de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.), Herney Velásquez, un informe detallado sobre las acciones adelantadas para cumplir con una orden judicial que busca frenar el rebosamiento de aguas residuales en la ciudad.
La instrucción judicial, emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en 2018 y confirmada por el Consejo de Estado en 2023, obliga al Distrito y a ESSMAR a realizar un estudio técnico del sistema de alcantarillado pluvial y a ejecutar las obras necesarias para prevenir colapsos durante la temporada de lluvias, los cuales han venido afectando la salud de los samarios y el medioambiente.
El ente de control también solicitó a la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios que se detallen las medidas adoptadas para mitigar emergencias por inundaciones, tomando en cuenta las áreas de riesgo identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial. De no cumplirse con lo ordenado, las autoridades competentes podrían abrir investigaciones disciplinarias por presunto incumplimiento de una decisión judicial.
