La Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario y formuló pliego de cargos contra tres exfuncionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho por posibles anomalías en un contrato superior a los $2.180 millones destinado al suministro de tiquetes aéreos para esa cartera.
Los investigados son Helén Ortiz Carvajal, quien se desempeñaba como secretaria general del ministerio en 2023, y Andrés Vergara Ballén y Derly González Ariza, coordinadores del Grupo de Gestión Financiera y Contable, quienes además ejercieron funciones de supervisión del contrato.
Según el Ministerio Público, Ortiz Carvajal habría adjudicado el proceso de selección pese a que el contratista, presuntamente, no cumplía con el requisito mínimo de experiencia exigido en los pliegos de condiciones. Asimismo, se investiga si en la propuesta presentada se incluyeron precios artificialmente bajos, lo que habría afectado la transparencia del proceso contractual.
En el caso de Vergara Ballén, la Procuraduría cuestiona su actuación como integrante del comité evaluador y supervisor del contrato, al considerar que habría habilitado técnicamente al proponente y recomendado su adjudicación, tanto en el aspecto técnico como financiero. Además, durante la ejecución contractual, habría autorizado pagos aun cuando el contratista no aplicó el descuento del 12,5 % sobre la tarifa neta de los tiquetes, beneficio que había sido ofertado en la subasta.
Por su parte, González Ariza, también en calidad de supervisora, habría avalado los pagos correspondientes a los meses de febrero a noviembre de 2024, pese a que, según la investigación, el proveedor no realizó el descuento pactado en su propuesta económica. La Procuraduría Segunda de Contratación Estatal calificó de manera provisional las conductas como gravísimas a título de culpa
