La decisión de un juez de dejar en libertad a Eduardo Andrés Merchán Prieto, capitán de la Policía Nacional, y quien presuntamente habría abusado sexualmente de la Teniente Kelly Sierra, fue rechazada por la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado de prensa.
La Procuraduría señala que la teniente está siendo sometida a una revictimización, aduciendo que ella «debió hacer pública su denuncia de violación para que el proceso avanzara, y ahora tendrá que enfrentar que el capitán sindicado de su agresión permanezca en libertad».
Como lo advirtió el Ministerio Público en su intervención ante el juez de garantías, fue equivocado solicitar la detención domiciliaria de Merchán Prieto, sindicado del delito de acceso carnal violento agravado de una teniente, durante la fiesta de fin de año de la institución en Valledupar.
«Considera el ente de control que está probado en el proceso que el oficial debe ser recluido en un centro carcelario porque representar peligro para la víctima por la profesión y grado de autoridad que ostenta; y obstrucción de la justicia, porque su condición de capitán le permitiría manipular testigos y dificultar la realización de diligencias o el recaudo de pruebas por parte de funcionarios (artículos 309 y 311 CPP)», anotó la entidad.
Adicionalmente, porque también se cumple lo previsto en los artículos 308 y 313 según los cuales en los delitos investigados de oficio, cuando la pena supera los 4 años, solamente procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario.
De acuerdo a lo expresado por la agencia especial, el capitán Merchán Prieto, quien no aceptó cargos, debió ser recluido en un centro intramural, porque la teniente en el momento del ataque se encontraba en estado de indefensión, recuperándose de una operación de rodilla; porque la agresión fue certificada por Medicina Legal que la incapacitó por 15 días y recomendó valoración por sicología forense, y porque la víctima tuvo que hacer pública la denuncia en su afán porque la justicia actuara.
«La Procuraduría dejó constancia en la audiencia de que con la decisión de la Fiscalía de no apelar la orden del juez de garantías, el Ministerio Público y los representantes de la víctima quedaron imposibilitados legalmente para apelar y solicitar la reclusión en centro penitenciario del capitán Merchán Prieto», informó.
