La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas sobre el contrato para la construcción de la segunda calzada que une a Valledupar con La Paz, en el departamento del Cesar, un proyecto que supera los $62.492 millones y que, según la Contraloría, podría generar un detrimento patrimonial.
En el marco de una acción preventiva, el Ministerio Público solicitó a las entidades responsables explicaciones técnicas y jurídicas sobre tres aspectos puntuales: el diseño del separador central, la extensión real de la vía y la exclusión del puente sobre el río Cesar, este último considerado clave para la conectividad del corredor. Durante una mesa de trabajo, Findeter se comprometió a entregar un informe detallado que incluya especificaciones del separador, justificación de la extensión construida y razones sobre la no inclusión del puente, así como las decisiones judiciales que han impactado el proyecto.
Por su parte, la Procuraduría también pidió al Invías explicar las bases técnicas y jurídicas que motivaron la exclusión del puente y verificar si existe algún convenio con la Alcaldía de Valledupar para ejecutar el tramo urbano que no hace parte del contrato vigente.
El órgano de control advirtió que seguirá vigilando de cerca la obra para evitar que se convierta en un “elefante blanco”. Aunque Findeter sostiene que la calzada es funcional en su estado actual, persisten cuestionamientos técnicos, sociales y de seguridad vial que, de no resolverse, podrían afectar la utilidad y durabilidad del proyecto.
