El Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura presentaron ante el Senado un proyecto que busca fortalecer la autonomía indígena y articularla con el sistema judicial nacional.
En un paso clave hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas, el Gobierno Nacional radicó ante el Senado un proyecto de ley que busca reglamentar la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, en cumplimiento del artículo 246 de la Constitución.
La iniciativa reconoce oficialmente la existencia y validez de los 115 sistemas de justicia indígena presentes en el país, reforzando el derecho de los pueblos originarios a gobernar y administrar sus territorios de forma autónoma. Además, establece un marco legal que garantiza respaldo institucional y seguridad jurídica para sus decisiones y procedimientos.
“El objetivo es garantizar un verdadero acceso a la justicia para los pueblos indígenas, reconociendo su identidad cultural y evitando arbitrariedades”, afirmó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Según el funcionario, el proyecto no crea nuevas competencias jurisdiccionales ni modifica las existentes, pero sí introduce reglas claras y mecanismos de coordinación entre los sistemas.
Uno de los ejes centrales del articulado es la implementación de mecanismos de coordinación interjurisdiccional. Estos incluyen formación para intérpretes, capacitación de autoridades judiciales y promoción del uso de lenguas indígenas, con el fin de hacer más inclusiva la administración de justicia.
También se contemplan salvaguardas específicas para los derechos de las mujeres indígenas. El proyecto establece obligaciones de debida diligencia tanto para la Justicia Ordinaria como para la Jurisdicción Especial Indígena, con el objetivo de erradicar prácticas que vulneren sus derechos dentro de las comunidades. Este esfuerzo legislativo es el resultado de un proceso participativo entre entidades del sector justicia, la Rama Judicial y organizaciones indígenas, desarrollado en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).
