Por: Maye Rodríguez
Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, procesados por su presunta participación en la masacre de Chimá, fueron nuevamente cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, esta vez por el delito de abigeato agravado por la confianza, con un monto que asciende a cerca de mil millones de pesos.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga de Oro, con funciones de control de garantías, tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación. El juez José Luis Julio Hernández consideró que la medida era “proporcional y necesaria”, destacando la gravedad del delito, el valor económico comprometido y la necesidad de protección tanto para la comunidad como para las víctimas.
Petro Almanza y Soto Garcés permanecerán recluidos en la cárcel Las Mercedes, en la ciudad de Montería, mientras avanza el proceso judicial.
En respuesta a la decisión judicial, el abogado defensor Lesmer Quintero Argel, reconocido penalista de la región, interpuso recurso de apelación, argumentando que el juez no valoró debidamente el material probatorio presentado por la defensa, entre ellos 12 entrevistas clave.
“El juez se detuvo en situaciones que no eran del grueso de la investigación. Tuvo argumentos circulares”, expresó Quintero Argel. Los procesados ya enfrentan una investigación penal por su presunta implicación en la masacre ocurrida en el municipio de Chimá, Córdoba, donde tres personas perdieron la vida, un hecho que conmocionó a la opinión pública.
La medida se da en medio de un proceso que sigue generando atención por la magnitud de los delitos imputados y las implicaciones económicas y sociales que rodean el caso.
