La Sociedad de Activos Especiales (SAE) llevó a cabo en la última semana una serie de operativos que permitieron la recuperación de 29 predios rurales en el municipio de Magangué, Bolívar, con una extensión total de 2.700 hectáreas. Estos terrenos, que se encontraban bajo el control irregular de testaferros y administradores no autorizados, hacían parte del patrimonio ilegal de Enilse del Rosario López Romero, su esposo Jorge Luis Alfonso López y su hijo Héctor Julio Alfonso.
Con esta acción, la SAE avanza en la estrategia de democratización de la tierra que lidera el Gobierno nacional, asegurando que 401 familias campesinas y víctimas de la violencia accedan a tierras para proyectos productivos y de desarrollo territorial. La intervención convierte estos predios, antes en manos de estructuras criminales, en instrumentos para la reconciliación y el progreso de las comunidades.
“La recuperación de estos bienes demuestra que ningún actor de la criminalidad está blindado frente a la acción del Estado. Estos activos, que alguna vez sirvieron para alimentar redes ilegales, hoy retornan al pueblo colombiano para cumplir un propósito social y productivo. Así avanzamos en la Reforma Agraria que impulsa el presidente Gustavo Petro Urrego, y en el compromiso de garantizar justicia y dignidad a las comunidades campesinas”, afirmó Jaime Avendaño, director territorial para la región Caribe de la SAE.
Esta acción se enmarca dentro del proceso de extinción de dominio que permitió desmantelar el emporio económico construido por Enilse del Rosario López Romero, quien utilizó extensas propiedades rurales como base para su influencia política, económica y criminal en la región Caribe. Hoy, esos mismos predios son puestos al servicio de quienes históricamente han reclamado el derecho a trabajar la tierra en condiciones de legalidad, dignidad y seguridad.
La SAE reiteró su compromiso con la recuperación, administración y destinación social de los bienes incautados a la criminalidad, como parte de la política del gobierno nacional orientada a transformar activos ilegales en herramientas de justicia social. Esta labor, indicó la entidad, busca generar oportunidades reales para las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la desigualdad histórica en el acceso a la tierra.
