Redacción: laregional.net- Riohacha-
Incertidumbre y desacuerdo, sigue generando el proyecto de energías limpias y renovables en el departamento de La Guajira, mientras el Gobierno nacional continúa con la obra, la Procuraduría ha pedido suspenderlo ante la inexistencia de una consulta entre la comunidad, la cual afirma que no están garantizadas las justas compensaciones por este proyecto que según argumentan generará el 70 % de la energía de todo el país.
Comunidades indígenas que habitan en la zona afirman no estar de acuerdo con el avance de la obra, e incluso han recibido el respaldo de la Procuraduría, ente de control que envió una carta a los ministerios del Interior y de Minas y Energía, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entre otras entidades, solicitando la suspensión.
Advirtió que se estarían afectando los derechos colectivos de las comunidades que habitan en la zona, no solo a su defensa del patrimonio cultural de la nación, sino también al de vivir en un ambiente sano. También considera que de vulneran los derechos de la moralidad administrativa, la participación colectiva, consulta previa y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades wayúu y tribales que se encuentran dentro del área de influencia de los proyectos de energía eólica.
Se estaría afectando los municipios de Uribia, Albania, Maicao, Manaure y Riohacha. La PGN solicitó unas mesas de concertación con la comunidad para acordar un trato justo y un diálogo respecto al proyecto, además de pactar las compensaciones necesarias.
Joanna Barney, investigadora de Indepaz, informó que el 45 % de la población wayuu vive en la Media y Alta Guajira, zonas de impacto de los parques eólicos, cifra equivalente a 132.000 personas. El proyecto “afecta a toda la zona, desde la vías hasta la vida cultural de las comunidades que confluyen en la Alta Guajira”.
