El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno había declarado la Emergencia Económica y Social para enfrentar la actual situación fiscal del país.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que la medida del alto tribunal traerá consecuencias negativas para la economía nacional. Según Petro, al frenar el decreto se estaría protegiendo a los sectores más ricos, mientras se traslada el peso de la crisis al resto de la sociedad.
“Por salvar el impuesto a los megarricos, se socializará una crisis mayor”, expresó el jefe de Estado, quien agregó que, a su juicio, será la ciudadanía la que finalmente determine quién termina pagando los efectos de la coyuntura económica y financiera del país.
El presidente también aclaró que la decisión de la Corte no tiene efectos retroactivos, por lo que los decretos expedidos mientras estuvo vigente la emergencia conservan, por ahora, presunción de legalidad. La suspensión del decreto fue aprobada por seis magistrados, mientras que dos votaron en contra, lo que permitió dar curso a la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo, que ordena frenar temporalmente la norma hasta que la Sala Plena emita un fallo de fondo.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su preocupación por las implicaciones de la decisión judicial, señalando que la emergencia había sido decretada para responder a una situación fiscal crítica que afecta la capacidad del Estado de cumplir con obligaciones fundamentales. “El levantamiento de la Emergencia Económica termina generando una emergencia social. Se bloquean recursos que estaban destinados a la población más vulnerable y se protege a los sectores con mayores ingresos”, afirmó el ministro.
Benedetti advirtió que la suspensión limita las herramientas del Gobierno para recaudar fondos extraordinarios, lo que podría impactar programas sociales, inversión pública y compromisos esenciales del Estado.
