Con respeto y esperanza, el Pueblo Kankuamo recibió la sentencia TP-SeRVR-RC-ST-002 de 2005, emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 03 sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, conocidas en el país como “falsos positivos”.
El fallo, que reconoce la responsabilidad de exmilitares en la Costa Caribe, tiene para los Kankuamos un valor trascendental: diez de sus hijos fueron víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales. “Este es un paso fundamental en la lucha por la verdad, la justicia y la dignidad de nuestras comunidades”, expresaron las autoridades kankuama.
La decisión cobra un significado aún más profundo porque la magistrada ponente fue Ana Manuela Ochoa, mujer indígena del mismo Pueblo Kankuamo. Su liderazgo y palabra marcan un hecho sin precedentes en la historia de la justicia transicional, al dignificar no sólo a las víctimas, sino también la cosmovisión y la sabiduría de los pueblos originarios de la Sierra Nevada.
“Hoy reafirmamos que la voz de nuestros mayores, junto a la labor de la magistrada Ochoa y de los demás magistrados de la JEP, nos recuerda que la justicia con enfoque étnico es posible. La paz solo será real si se construye desde el respeto a los pueblos indígenas, la dignidad de las víctimas y la certeza de que nunca más se repetirán estos crímenes atroces”, afirmaron a través de un comunicado a la opinión pública.
El pronunciamiento de la JEP no solo abre camino hacia la restauración del tejido social y la reparación colectiva, sino que también fortalece las garantías de no repetición que los pueblos indígenas reclaman con dignidad.
Desde su territorio ancestral, el Pueblo Kankuamo hizo un llamado a toda la sociedad colombiana a asumir la sentencia como un acto de justicia restaurativa y compromiso con la paz. “Por la verdad, la justicia y la paz, celebramos esta decisión histórica como un triunfo de la resistencia y la memoria de nuestras víctimas”, concluyeron.
