Redacción: laregional.net
En un limbo institucional y jurídico, se encuentra la Universidad Popular del Cesar, generando graves consecuencias que provocaron una protesta en la sede Hurtado, los trabajadores y personal docente manifestaron para exigir el pago del salario correspondiente al mes de noviembre.
Recientemente una puja por el control del Alma Mater, dejó como resultado la designación de dos rectores. Raúl Gutiérrez Maya, quien hasta ahora cuenta con el aval del Ministerio de Educación; y José Sierra, quien fuera designado por el Consejo Superior Universitario, conflicto que hasta ahora no se esclarece en su totalidad, mientras las cuentas de la universidad permanecen bloqueadas y pago del personal afectado.
Son 340 trabajadores de planta sindicalizados y unos 1.500 profesores que debieron cobrar el sueldo el pasado 25 de noviembre, y hasta la fecha no hay respuesta.
“Reclamamos nuestros derechos, la vulneración del mínimo vital que es un salario producto de la prestación de nuestros servicios”, manifestó Everlides Guerra Romero, directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) en la Universidad Popular del Cesar.
Agregó Guerra Romero, que además del salario, la UPC adeuda la dotación del personal y la seguridad social, situación que preocupa a los trabajadores en estos tiempos de pandemia.
Por más de una hora, los protestantes se mantuvieron firmes a la espera de una respuesta, la cual no fue posible. “Lo más lamentable es que conocimos que las cuentas de la universidad están bloqueadas, cosa que no justifica porque los recursos para el pago de nómina, los envía el Ministerio de Hacienda y deben girarse a cada trabajador en menos de cinco días”.
