En una carta fechada el martes y divulgada este jueves por W Radio, el mandatario se ha negado a implementar la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, a quien no es políticamente cercano. “Se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo a la responsabilidad internacional del Estado”, se lee en la misiva, que cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La procuradora, Margarita Cabello, ha respondido que el mandatario desconoce las atribuciones que le otorga la Constitución. “Ojalá que no se rompa la democracia”, ha declarado este jueves en un foro en Bogotá.
El motivo del nuevo enfrentamiento es la decisión del Ministerio Público de suspender durante tres meses a Bermúdez Cotes, justamente en el periodo de campaña previo a las elecciones locales del 29 de octubre. La fundamentación se refiere a presuntas irregularidades en la contratación de la red de alcantarillado y acueducto de Riohacha: entre ellas, realizar el proceso sin tener información actualizada sobre los bienes implicados, carecer de un estudio sobre la provisión de los servicios públicos domiciliarios en el área rural y no incluir condiciones para garantizar el acceso al agua por parte de la comunidad Wayuu. “Los elementos de juicio arrimados al proceso evidencian que la permanencia en el cargo del investigado posibilita la reiteración de la falta”, justificó la entidad.
