Por. Maye Rodríguez
La ilusión de acceder a una vivienda propia se convirtió en un dolor de cabeza para más de 190 familias en el municipio de Colosó, que desde 2019 confiaron en la propuesta de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov) para adquirir terrenos donde levantar sus hogares. Sin embargo, tras años de espera, aún no han podido construir nada: el propietario del predio se niega a entregar la tierra, a pesar de haber recibido un importante adelanto del pago.
El terreno en disputa es una finca conocida como La Sabanera, de aproximadamente 10 hectáreas, cuyo valor total fue pactado en 225 millones de pesos. En 2022, Cenaprov firmó un contrato de compraventa con el propietario Antonio Martínez Herazo, y le transfirió más de 132 millones de pesos, equivalente al 50% del valor del predio. El contrato autorizaba iniciar los trámites de limpieza, loteo y solicitud de licencias desde ese momento.
Pero, dos años después, el propietario no ha hecho entrega formal de la tierra, y de hecho, ha mantenido el predio arrendado a terceros, complicando el acceso de los compradores.
Ante el incumplimiento, las familias afectadas conformaron en julio de 2024 la Organización Popular para la Vivienda Manantiales de Colosó y decidieron tomar posesión de cinco hectáreas del terreno, proporcionales al pago efectuado. Esta acción provocó una querella interpuesta por el arrendatario, que exige el desalojo. El caso está en proceso legal y se espera una decisión judicial el próximo 15 de julio, conoció La Regional.net.
Los afectados afirman tener pruebas del pago y exigen que se respete su derecho a la propiedad. «Lo que pedimos es justo. Nosotros pagamos, tenemos recibos, contratos, y lo único que queremos es construir nuestra vivienda digna», asegura Guillermo José Vuelvas Peñata, de 75 años, quien relata que tuvo que endeudarse para poder acceder al lote.
Tulio Manuel Terán Méndez, de 77 años, también compartió su testimonio. «Cenaprov vino con la propuesta de vivienda, y me animé. Hice el esfuerzo y compré mi lote. Pero seguimos esperando una solución mientras ya llevamos once meses en el terreno, sin poder avanzar en nada», expresó.
Por su parte, Fidel Ernesto Caro López, víctima del conflicto armado, señaló sentirse revictimizado. «Yo confié en este proyecto porque era una oportunidad de volver a empezar, como lo contempla la Ley de Víctimas. Pero ahora el dueño se niega a entregarnos lo que ya pagamos, alegando que no se cumplió el acuerdo completo», comentó.
Aunque los contribuyentes han ofrecido saldar el resto del pago para que el propietario entregue la totalidad del terreno, este se ha negado de manera reiterada. Los afectados sospechan que hay intereses políticos o económicos detrás de la negativa. Con el paso del tiempo, la desesperación de las familias crece. A pesar de haber cumplido con su parte del trato, hoy viven en incertidumbre, esperando que la justicia reconozca su derecho a un terreno que ya consideran suyo.
