La crisis humanitaria que afecta a comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta se agudiza. Este martes, en el corregimiento de Sabana Crespo, una misión humanitaria que buscaba asistir a familias del pueblo Kankuamo fue impedida de ingresar a las zonas de Minakamena (Los Laureles) y Montesión, por miembros de la comunidad arhuaca que bloquearon el paso con barricadas.
La comisión, conformada por representantes del pueblo Kankuamo, funcionarios de la Secretaría de Convivencia Ciudadana de Valledupar, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, pretendía entregar ayuda humanitaria y verificar la situación en terreno, en cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el Primer Consejo Extraordinario de Seguridad celebrado el pasado lunes.
Sin embargo, desde el pueblo Kankuamo se denunció el incumplimiento del pacto alcanzado en ese consejo, en el que incluso participó el líder arhuaco Zarwawiko Torres. También se criticó fuertemente la ausencia de entidades clave como el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, cuya presencia había sido acordada para brindar seguridad a la misión.
“Esta es una flagrante violación a los derechos humanos. Las comunidades siguen confinadas, sin alimentos ni atención médica. ¿Dónde están las instituciones que deben protegernos?”, expresaron líderes kankuamos en un comunicado oficial.
Según testimonios desde Los Laureles, las familias permanecen en condiciones críticas, sin acceso a insumos básicos. La situación es especialmente preocupante para niños y niñas, cuyo estado físico y emocional se deteriora rápidamente ante el prolongado confinamiento. La obstrucción de la misión humanitaria vulnera el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia —que protege de manera prioritaria los derechos de la niñez— y contraviene el Derecho Internacional Humanitario, que garantiza el libre tránsito de misiones en zonas de conflicto.
Ante este escenario, el pueblo Kankuamo hizo un llamado urgente al ICBF, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a las autoridades nacionales y territoriales, para que actúen de inmediato frente a lo que califican como una grave omisión institucional. “No puede haber paz si se incumplen los compromisos y se deja en el abandono a comunidades enteras. Las autoridades deben responder y proteger a los más vulnerables”, puntualiza el comunicado.
Disputa territorial y llamados al diálogo
Esta situación se enmarca en una disputa territorial entre los pueblos arhuaco y kankuamo, que se intensificó tras la compra de un predio de 24 hectáreas por parte de las autoridades kankuamas, en un área que los arhuacos consideran territorio ancestral. El conflicto ya ha dejado varios heridos y ha alterado el orden público en Sabana Crespo. En el Consejo Extraordinario de Seguridad se acordó realizar una visita conjunta a los territorios en disputa para evaluar la situación y avanzar en un plan de retorno basado en tres principios: voluntariedad, seguridad y dignidad.
Por ahora, la tensión persiste y la ayuda no llega a quienes más la necesitan, mientras crecen las exigencias de intervención inmediata por parte del Gobierno Nacional y los organismos de derechos humanos.
