Por: Maye Rodríguez
En un giro decisivo para uno de los casos más mediáticos del Caribe colombiano, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución de Dayana Jael Jassir de la Hoz y la condenó a 57 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de su esposo, el médico forense Eduardo Pinto Viloria, exdirector de Medicina Legal Regional Norte.
Los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2016 en el barrio Cevillar de la capital del Atlántico, cuando Pinto fue hallado sin vida dentro de su residencia, víctima de un ataque sicarial. Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía señaló a Jassir como la determinadora del crimen, en complicidad con terceros, entre ellos autores materiales ya condenados.
Pese a que en noviembre de 2024 el Juzgado 12° Penal del Circuito de Barranquilla emitió un fallo absolutorio a favor de la mujer, el mismo fue apelado por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el representante legal de las víctimas.
Ahora, tras un riguroso análisis del caso, el Tribunal decidió revocar la sentencia de primera instancia y emitir una condena de reemplazo, con ponencia del magistrado Jorge Eliécer Cabrera. La nueva sentencia responsabiliza a Jassir por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego agravado y hurto calificado agravado. Además, el Tribunal ordenó la captura inmediata de Dayana Jassir, quien actualmente se encuentra en libertad. Una vez detenida, deberá cumplir la pena en un centro penitenciario, sin posibilidad de prisión domiciliaria debido a la gravedad de los delitos.
Este fallo representa un hito en la jurisprudencia regional y envía un mensaje contundente sobre la eficacia de la justicia en Colombia, incluso en casos con prolongados procesos judiciales y fuertes repercusiones sociales. «Este fallo reivindica el derecho de las víctimas y reafirma que, en Colombia, nadie está por encima de la ley», señaló una fuente cercana al proceso. La familia del doctor Pinto Viloria, tras años de espera, manifestó sentirse aliviada por la decisión judicial, mientras sectores sociales y de derechos humanos aplauden la firmeza del Tribunal en un caso que durante años dividió opiniones y generó debates sobre impunidad y justicia.
