El Tribunal Administrativo de Córdoba suspendió de manera provisional el acuerdo mediante el cual el Concejo Municipal de Montería autorizó al alcalde Hugo Kerguelén García realizar movimientos presupuestales con los $200 mil millones de un empréstito hasta diciembre de 2027.
La decisión responde a una demanda interpuesta por Devier Acosta Pimienta, exconcejal y abogado, quien afirmó en declaraciones en sus redes sociales: “Presentamos los alegatos donde buscamos la nulidad de este acuerdo porque las facultades para modificar el presupuesto son propias del Concejo, como lo ha señalado la Corte Constitucional”. Acosta añadió que “el Concejo ha vulnerado la ley y no puede cabalgar sobre acuerdos que estén violando la Constitución”.
El Tribunal, al revocar un fallo previo de enero 2025 del Juzgado Once Administrativo de Montería, determinó que el Concejo excedió sus competencias al otorgar facultades por cuatro años en lugar del plazo máximo de seis meses establecido jurisprudencialmente.
“Se confirma que la corporación no podía autorizar facultades por todo el periodo del alcalde”, señala el documento firmado por los magistrados del Tribunal. El alcalde Hugo Kerguelén García respondió con vehemencia: “Agradezco a los 19 concejales por depositar su confianza en esta administración. Sin ellos no tendríamos recursos para las obras que estamos realizando”.
El mandatario criticó a los opositores: “Hay exconcejales que quieren tumbar todo lo que hacemos bien. Esto afecta proyectos estratégicos de vivienda, movilidad y educación”.
La Administración Municipal logró los recursos del empréstito para impulsar el plan masivo de pavimentación de vías, así como las obras para el mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa. El fallo no afecta por ahora otro préstamo por $75.000 millones aprobado hace algunos días para obras como el puente peatonal del Sinú y la recuperación de la calle 36. Sin embargo, el Tribunal dejó claro que cualquier autorización similar deberá ajustarse al plazo máximo de seis meses.
El caso continúa su curso mientras las partes preparan sus argumentos para lo que promete ser un prolongado debate jurídico sobre los límites del endeudamiento municipal.
