Colombia ha oscilado entre el conflicto armado y los esfuerzos de reconciliación, pero la paz aún no es una realidad. Se ha confundido con el silencio de los fusiles, las desmovilizaciones o con pactos parciales entre el Estado y algunos grupos armados. Esta visión reducida ha impedido avanzar hacia una paz duradera y verdadera, con compromisos amplios y sostenidos de todos los sectores sociales, políticos y económicos para renunciar a privilegios y redistribuir el poder, el bienestar y el territorio.
La paz requiere un enfoque estructural y multidimensional. No es suficiente detener momentáneamente la violencia armada si persiste la injusticia social, el despojo territorial, la exclusión política, el racismo sistémico, el patriarcado, la corrupción y el deterioro ambiental. Se necesita reconstruir el proyecto de nación con base en el poder ciudadano constituyente, la dignidad humana, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica.
Construir la paz exige hacer realidad los pilares de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Las víctimas del conflicto deben estar en el centro de la construcción de memoria y no ser tratadas como símbolos silenciosos. El Estado debe fortalecer el Sistema de Reparación y cumplir efectivamente sus compromisos. La paz no se puede construir desde la exclusión ni desde el olvido.
Es imperativo seguir avanzando en la negociación inclusiva y multilateral con todos los actores armados, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC, las estructuras paramilitares y los grupos urbanos y rurales que ejercen control territorial. La persistencia de economías ilegales y de redes criminales que cooptan gobiernos locales constituye un obstáculo de gran magnitud. Sin una voluntad firme y colectiva de la sociedad para desmantelar estas estructuras, la paz seguirá siendo difícil de alcanzar.
Es necesario desmontar las políticas económicas que ha alimentado el conflicto. El neoliberalismo privatizador y extractivista ha promovido la acumulación de riqueza en pocas manos, la destrucción ambiental, el despojo y la precarización laboral. La paz requiere una reforma agraria integral, soberanía alimentaria, empleo digno, ética en los medios de comunicación, acceso universal a derechos y una transición hacia una economía solidaria, feminista y ecológica.
En lo político, Colombia necesita una democracia radicalmente distinta. La participación debe dejar de ser decorativa y convertirse en un ejercicio real de poder ciudadano. Se requiere descentralización efectiva, reforma política profunda y mecanismos de control social vinculantes. La democracia debe estar al servicio de la paz y no del clientelismo ni de las élites perpetuadas en el poder.
Un eje central de la paz es la seguridad basada en la protección de la vida. La violencia contra líderes sociales, firmantes de paz y comunidades organizadas continúa y se ha sofisticado. Es necesario reemplazar la lógica del enemigo interno por una política de seguridad humana, centrada en la prevención, el respeto de los derechos y los acuerdos humanitarios en los territorios.
Las organizaciones ciudadanas deben construir agendas comunes y coordinarse en todos los niveles. La articulación social es fundamental para ejercer presión sobre el Estado, los grupos armados y los auspiciadores de la violencia, y garantizar que la paz no se quede en discursos ni en promesas incumplidas.
La paz debe ser territorial, construida desde abajo, con autonomía y diálogo intercultural. Las necesidades son distintas en cada región, y por tanto, la planeación y presupuestación participativa, así como los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, deben fortalecerse y adaptarse a las realidades locales. La paz debe asumirse como política integral de Estado, con coordinación entre los niveles nacional, departamental y local, y con la participación activa de todos los poderes públicos.
Por último, es fundamental insistir en una cultura de paz, más allá del espectáculo. Esto implica educar en valores como el diálogo, la empatía, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. La política de paz debe ser diferencial e interseccional. Las violencias no afectan por igual a todos los sectores sociales. Mujeres, jóvenes, personas LGBTIQ+, comunidades étnicas y personas con discapacidad enfrentan condiciones particulares que deben ser reconocidas para garantizar derechos con equidad.
Tejer la paz implicará disputas, resistencias y acuerdos, pero es el único camino digno para una sociedad que no quiere seguir enterrando a sus hijos asesinados ni normalizando la injusticia. Colombia no necesita una tregua, sino una re-evolución ética y social que haga de la paz una realidad vivida, compartida y sostenible
