Redacción: Ricardo Malagón
Desde hace algunas semanas, el país estaba al tanto del texto que radicará el gobierno por medio del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que pretende recaudar $26,1 billones.
Uno de los puntos que más ha criticado la ciudadanía, responde al nombre que se le otorgó al documento y que reza: “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones“.
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El proyecto crea el impuesto nacional a vehículos que sustituiría al impuesto sobre vehículos automotores del que trata la Ley 488 de 1998, y el impuesto de circulación y tránsito o rodamiento a los vehículos de servicio público.
Además, se contempla que las ciudades capitales puedan con previa autorización del concejo municipal o distrital, instalar peajes dentro de su jurisdicción en las vías que se encuentren a su cargo.
Una de las principales novedades responde a que los servicios públicos de energía a base de gas u otros insumos, los de acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basura, y el servicio de gas domiciliario o en cilindros se mantienen excluidos del impuesto solamente para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, usuarios de estratos 4, 5 y 6 comenzarían a pagar IVA por estos servicios.
La reforma tributaria también solicita que se le den facultades extraordinarias y precisas al Presidente de la República, por seis meses, para que este pueda modificar o establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Hay que agregar que el texto plantea que las personas naturales empezarían a pagar renta cuando la renta líquida gravable sea de 800 UVT anuales, (hoy 2’420.000 pesos mensuales) y desde el 2023 a partir de 560 UVT anuales (equivalentes hoy a 1’694.000 pesos mensuales).