La violencia colectiva vuelve a encender las alarmas en Colombia.
En los primeros meses de 2026, se han documentado 35 masacres en diferentes regiones del país, dejando una estela de muerte que golpea principalmente a comunidades rurales y territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
De acuerdo con reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, estos hechos reflejan una persistente crisis de seguridad en zonas donde operan grupos armados ilegales, disputándose economías ilícitas y control territorial.
Las víctimas, en muchos casos, son jóvenes, líderes sociales y habitantes que quedan en medio de estas confrontaciones.
Los departamentos con mayor incidencia incluyen Cauca, Antioquia, Norte de Santander y regiones del Caribe, donde las condiciones de vulnerabilidad y la débil presencia institucional agravan el panorama.
En varios de estos lugares, las comunidades han denunciado el recrudecimiento de amenazas, desplazamientos forzados y temor constante.
Analistas señalan que este incremento de masacres evidencia los retos que enfrenta el país en materia de seguridad y consolidación de la paz, especialmente en áreas donde no se ha logrado una implementación efectiva de los acuerdos ni una intervención integral del Estado.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la urgencia de medidas que garanticen la protección de la población civil y frenen esta tendencia que enluta a decenas de familias en todo el territorio nacional.