Redacción: laregional.net-
Ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, el gobernador Carlos Caicedo reiteró que su administración se caracteriza por garantizar y promover el cumplimiento de los derechos de las poblaciones más vulnerables, por lo que remitió al juzgado un oficio en el que daba cuenta de las acciones que viene gestionando en el marco del Plan de Compensación en beneficio de 255 pescadores artesanales del Parque Tayrona.
Los avances fueron presentados ante la magistrada María Quiñones, pese a que el actual gobierno no recibió insumos por parte de las anteriores administraciones, las cuales incumplieron en gran parte con lo ordenado en la sentencia T-606 de 2015, de la Corte Constitucional, en la que se les exigía compensar a los pescadores que fueron retirados del Parque Tayrona.
“He designado un equipo para asumir la responsabilidad de llevar a feliz término los asuntos relacionados con el cumplimiento a la sentencia y la coordinación del Plan de Compensación que ella ordena, documento que en más de 4 años no había llegado a estructurarse y fue en el marco de este gobierno que se logró consolidar, estando a la fecha en proceso de suscripción, quedando pendiente la firma de 3 de las 11 entidades que deben suscribir. Se debe tener en cuenta que, el 21 de septiembre de 2015 la Corte Constitucional expidió la Sentencia T – 606 de 2015 y desde la notificación que pudo haberse realizado al gobernador de turno Luis Miguel Cotes, no se dio cumplimiento al plazo establecido de 60 días para la elaboración del Plan de Compensación para Pescadores Artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona”, reiteró Caicedo.
El mandatario notificó que en los cuatro años del gobierno de Rosa Cotes, tampoco se cumplió con la aprobación y suscripción del Plan de Compensación ni se avanzó la formulación y ejecución de las alternativas productivas para compensar a los pescadores beneficiarios.
De igual manera, no se evidenció que la coordinación técnica del gobierno anterior, haya logrado impulsar o facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las otras entidades involucradas en el acatamiento de la Sentencia.
“En las vigencias 2016 y 2017, durante 6 y 7 meses respectivamente, no se dio cumplimiento a lo ordenado frente al pago mensual de la ayuda económica transitoria de seguridad alimentaria, con lo cual se desconoció el mínimo vital de los pescadores beneficiarios. De otra parte, no se ejecutó ningún proyecto de compensación a los pescadores, debido a la incapacidad técnica que mostró la administración pasada en la formulación y ejecución de los proyectos, debiendo devolver los recursos que no lograron ser ejecutados”, reportó el gobernador.
A esto se suma, la débil información que se encontró con respecto a los proyectos, los cuales solo contaban con un nombre de iniciativa y en algunos casos con cotizaciones del 2017, realizadas para el suministro de elementos y adecuación, que hoy en día se encuentran desactualizadas.
“Los proyectos no contaban con viabilidad técnica y no es clara la razón del porque algunos proyectos tienen un mayor valor frente a otros, lo cual debe analizarse de manera detallada para no incurrir en indebidas actuaciones frente a un beneficio que debe ser de igual manera para todos los pescadores priorizados según sus necesidades. Tampoco se tenía plenamente identificados los pescadores que harán parte de la primera fase de ejecución de proyectos por entidad, situación que logró quedar subsanada en las reuniones y mesas de trabajo impulsada por este gobierno”, detalló el ejecutivo.