Según la entidad, los predios hacen parte de un total de 109.000 hectáreas que estuvieron vinculadas a estructuras del narcotráfico y grupos armados ilegales, y que ahora serán utilizadas por comunidades campesinas para la producción de alimentos y la generación de ingresos.
El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que la entrega de estas tierras busca garantizar que los bienes recuperados permanezcan al servicio de las familias rurales y no vuelvan a manos de organizaciones criminales. Además, destacó la importancia de mantener la transparencia en este proceso.
De acuerdo con los registros de la Agencia, las propiedades estuvieron relacionadas con antiguos jefes paramilitares y narcotraficantes, cuyos bienes fueron recuperados por el Estado mediante los mecanismos establecidos por la ley para su posterior adjudicación.
La ANT señaló que estas hectáreas hacen parte de las más de 800.000 que han sido gestionadas durante el actual Gobierno para ampliar el acceso a la tierra. Asimismo, reiteró el llamado a respaldar la Reforma Agraria y proteger a las comunidades beneficiarias de estos procesos.