Las cadenas hoteleras relacionadas con el Hotel Hilton de Cartagena recibieron un revés judicial luego de que el Consejo de Estado negara las reclamaciones con las que buscaban que la Nación respondiera por la recuperación de áreas consideradas de uso público.
La controversia surgió por terrenos ganados al mar que durante años hicieron parte de la operación del complejo turístico. Los demandantes sostenían que las actuaciones de distintas autoridades les generaron confianza sobre la legalidad de la ocupación de esos espacios.
No obstante, el alto tribunal concluyó que las playas y zonas de bajamar pertenecen al Estado y no pueden ser adquiridas por particulares, independientemente del tiempo que hayan sido utilizadas o de los pagos realizados por conceptos tributarios.
La sentencia también aclaró que las autorizaciones expedidas por la Dirección General Marítima (DIMAR) permitían ciertos usos, pero en ningún caso otorgaban derechos de propiedad sobre los terrenos recuperados al mar.
Con esta decisión, se ratifica la obligación de proteger los bienes públicos costeros y se fortalece la posición de las autoridades frente a futuras disputas relacionadas con la ocupación privada de áreas estratégicas del litoral colombiano.