En desarrollo de una Auditoría Exprés a la Alcaldía de Lorica, la Contraloría General de Córdoba, logró evidenciar que la secretaría de Hacienda de dicho municipio emitió resoluciones de prescripción del Impuesto Predial Unificado durante la vigencia del año 2017, por valor de 91 millones 820 mil 898 pesos.
El ente de control reportó un hallazgo en dichas prescripciones debido a la falta de evidencias de gestión de cobro.
La Contraloría anotó, “Es preciso hacer énfasis que es a partir de la fecha de la exigibilidad que se empieza a contar el término para la prescripción de la acción de cobro, sin embargo, dicho término puede interrumpirse por la notificación del mandamiento de pago, por la admisión de la solicitud de concordato, por el otorgamiento de las facilidades de pago y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. Una vez interrumpido el término de la prescripción, este comenzará a correr al día siguiente de la notificación del mandamiento de pago o a partir de la terminación del concordato o de la liquidación forzosa administrativa”.
Señala la CGC que la Secretaría de Hacienda de Lorica, pese a la solicitud realizada por la comisión auditora con respecto al suministro de los expedientes de cada uno de los contribuyentes a los cuales se les realizó resolución de prescripción, solo le fue entregado el del contribuyente Luis Manuel Galván Ortega; sin embargo las acciones emprendidas para el cobro de impuesto fueron adelantadas en la vigencia 2017, y del resto de los expedientes, la administración alegó que no se encontraron en los archivos de la entidad, lo cual no permitió la verificación de las actividades adelantadas por dicha secretaría con el fin de interrumpir la prescripción de dichas vigencias y se continuara con la investigación de bienes de los deudores que hiciese posible decretar el embargo y secuestro sobre los mismos.
Esto significa- dice la CGC-, que los contribuyentes señalados en las resoluciones, invocaron y solicitaron la prescripción, y que se evidencia aún más la gestión de cobro por parte de los responsables por lo expuesto en el CONSIDERANDO de las resoluciones, donde se cita que en las vigencias a prescribir no se cobró dentro del término prescrito en la norma, ni se profirió la liquidación oficial por dicho año dentro del término legal.
En virtud de lo anterior, consideró la Contraloría General de Córdoba, se configura una observación administrativa con presunto alcance fiscal por la suma de $91.820.898, en razón a que el municipio de Lorica sufrió un menoscabo en su patrimonio por su falta de gestión configurada por el no recaudo y la no utilización de los mecanismos jurídicos para la recuperación de dicha cartera.