La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, realizó Auditoría de Cumplimiento a la gestión fiscal desarrollada para la construcción del Museo de Memoria de Colombia, por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, a través del Convenio Interadministrativo celebrado con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y su contratación derivada, en la que se determinaron 3 hallazgos fiscales con presunta incidencia fiscal por $12.998 millones.
A su vez, se evaluó el grado de eficiencia y eficacia de los mecanismos y/o sistemas de control interno implementados para la ejecución de los recursos asignados a la Construcción. Como resultado de la evaluación, se estableció Incumplimiento Material con Conclusión Adversa, ya que se determinaron debilidades en algunos aspectos como: falta de planeación, falta de calidad en los procesos constructivos, incumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en la reglamentación y normatividad vigente, indebida supervisión y vigilancia de la ejecución del proyecto, falta de coordinación y seguimiento eficiente a la ejecución de los contratos y de los recursos, falta de conocimiento o de la aplicación oportuna de acciones de control incluidas en los contratos, determinaciones en controversia con el desarrollo de los proyectos y deficiencia de gestión frente al control financiero de los contratos y pagos.
Por lo cual la Contraloría General, configuró cinco (5) hallazgos que tienen incidencias disciplinarias y tres (3) fiscales que ascienden a $12.998 millones.
El hallazgo más significativo de la actuación, consistió en debilidades evidenciadas en la planeación y calidad en los procesos constructivos del proyecto cuyo objeto es “Realizar la Construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C, bajo la modalidad a precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, se observó irregularidades en pagos relacionados con: equipos, obras parcialmente ejecutadas, obras no recibidas a satisfacción, elementos de concreto que no cumplen la resistencia contratada, obras duplicadas y supervisión por parte de la interventoría, en cuantía de $10.664 millones.