El contralor general de la Nación, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, anuncio que realizara control excepcional a 12 hospitales del país que fueron denunciados por crisis y malos manejos. En la lista de las ESE se encuentran 4 hospitales de la región Caribe. Se trata de la ESE Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta, Hospital Clarence Lynd Newball, de San Andrés, Hospital San Jerónimo de Montería y el Universitario de Sincelejo
Según el solicitante de este control excepcional, la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, “ante la falta de acciones que evidencian una correcta ejecución de los rubros del Sistema de Salud por parte de quienes los administran, es imperante el control excepcional de la Contraloría General de la República”.
Córdoba Larrarte admitió esta solicitud de control excepcional y ordenó a la Contraloría Delegada para el Sector Social encargarse de la correspondiente actuación fiscal
Una comisión de la CGR visitó hoy el Hospital Clarence Lynd Newbal, de San Andrés, uno de los que será objeto de control excepcional y anunció allí esta decisión
El contralor general mencionó que estos 12 hospitales departamentales afrontan líos económicos, malos manejos y otras irregularidades y por esto se debe ejercer control fiscal sobre los mismos.
Los hospitales que serán auditados por la Contraloría Delegada para el Sector Social afrontan graves problemas económicos, sobre todo por pagos pendientes de EPS públicas y privadas y, además, en varios casos han sido objeto de reiteradas denuncias sobre malos manejos, situaciones que han llegado a precipitar su cierre y/o intervención.
El control excepcional recaerá sobre hospitales (de 11 departamentos) de III y IV Nivel, y se aplicará sobre las vigencias 2016 a 2018, ya que, de conformidad con la Ley 610 de 2000, no ha operado la caducidad y son susceptibles de control.
Argumentos del solicitante del control excepcional
Tras analizar el soporte legal de tal petición, la Oficina Jurídica de la CGR dio su visto bueno para que el Contralor General admitiera y autorizará este control excepcional sobre los recursos propios aportados a estos hospitales públicos.
La Veeduría Ciudadana sustentó su petición de control excepcional en 4 argumentos:
1. Es de conocimiento público la grave crisis del sistema de seguridad social en salud en Colombia, como producto de los presuntos malos manejos e irregularidades en la administración de los recursos provenientes del sistema de salud.
2. Dichas irregularidades conllevan a que se generen partidas del Presupuesto General de la Nación, generando el desfinanciamiento del Estado y provocando un hueco fiscal.
3. El alto nivel de endeudamiento de las EPS privadas y públicas con los hospitales departamentales, ha generado en estos un presunto detrimento patrimonial, ante la ausencia de pagos por los servicios que han prestado en favor de las EPS y sus afiliados.
4. Ante la falta de acciones que evidencian una correcta ejecución de los rubros del Sistema de Salud por parte de quienes los administran, es imperante el control excepcional de la Contraloría General de la República.
El peticionario del control excepcional adjuntó varias publicaciones de prensa que muestran que los hospitales públicos están atravesando una situación de crisis angustiosa y desesperada, que los está llevando al cierre progresivo de sus instalaciones, antes las deudas que nos les cancelan las EPS.
Adicionalmente, consideró que, no obstante, el control fiscal de las contralorías departamentales y la vigilancia que ejercen la Superintendencia de Salud y la Procuraduría, la situación es cada día peor porque los hospitales no tienen disponibilidad presupuestal para soportar la contratación (insumos y atrasos en pago de salarios) ni para atender a los usuarios. De igual forma señaló el aumento de pacientes, que sobrepasa su capacidad para prestar una buena atención.