“Yo creo que si el país es serio en la lucha contra la corrupción tiene que reformar las Corporaciones Autónomas Regionales”, dijo el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez.
El Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de la Procuraduría General de la nación ordenó la apertura de indagación preliminar en siete Corporaciones Autónomas Regionales por presuntas irregularidades administrativas, ambientales, contractuales y financieras; entre ellas, Corpocesar.
El nuevo proceso se une a los más de 400 que hay en el Ministerio Público y esta vez incluyen a las Car de Cundinamarca, Corporcesar de César, CVC la del Valle del Cauca, Corpamag de Magdalena, CRC del Cauca, Cortolima de Tolima y Carder de Risaralda.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, informó que en la CAR de Cesar se revisará la compra de predios de propiedad del resguardo Arhuaco; mientras que en Magdalena la ocupación por parte de la corporación de bienes de uso público en Pozos Colorados en Santa Marta, y supuestas irregularidades financieras.
Por otro lado, en la Car – Cundinamarca habría irregularidades en la construcción de las plantas de tratamiento de los municipios de Facatativá, Madrid, Sesquilé y Apulo.
En la Del Valle del Cauca el proceso tendría relación con eventuales fallas en la inversión de recursos.
Mientras en el Cauca (CRC) y Cortolima, la Procuraduría indaga presuntas inconsistencias en el cobro de la tasa retributiva y la prescripción de la acción de cobro por daño ambiental.
El grupo también asumió la competencia de la indagación contra servidores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Carbonero en el municipio de San Antero, Córdoba.
Por último, en Risaralda se indaga si funcionarios habrían incurrido en irregularidades en la construcción y estabilización de taludes y obras de control de cauce en varios sectores de Pereira y Dosquebradas.
El órgano de control decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los autores y su grado de responsabilidad.