El escrito fue presentado ante autoridades colombianas y organismos de Estados Unidos y pide revisar posibles movimientos patrimoniales, contratos y recursos relacionados con Jairo Torres Oviedo.
Una denuncia que pone bajo la lupa la gestión administrativa y financiera de la Universidad de Córdoba fue presentada contra su rector, Jairo Miguel Torres Oviedo, por presuntos hechos relacionados con corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El documento fue presentado por Teodoro Ibáñez Prada, director de la Corporación de Víctimas Visibles de la Universidad de Córdoba (Corpovuunicor), quien solicitó a las autoridades verificar una serie de situaciones que, según plantea, podrían constituir irregularidades administrativas y financieras.
Según conoció Laregional, entre los aspectos incluidos en la denuncia figura una presunta nómina paralela, identificada con el radicado 202610004394961, además de cuestionamientos sobre el manejo de recursos de la institución y posibles conductas que el denunciante pide investigar.
Otro de los puntos expuestos está relacionado con el patrimonio que, según el denunciante, tendría el rector, incluyendo un inmueble en Montería cuyo valor estima en más de $6.500 millones. El escrito solicita establecer si existe correspondencia entre esos bienes y los ingresos oficialmente reportados.
La denuncia también pide revisar supuestas inversiones, propiedades y activos financieros en Florida, Estados Unidos, y menciona a organismos como FinCEN, OFAC y la DEA, a los que se solicita evaluar la información relacionada con las operaciones señaladas.
El denunciante igualmente hace referencia a actuaciones que, según afirma, habrían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía por posibles delitos como peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y presuntas irregularidades contractuales.
Laregional intentó conocer la posición del rector Jairo Torres Oviedo frente a los señalamientos, pero al cierre de esta publicación no había recibido respuesta. La denuncia, por sí sola, no demuestra la comisión de los delitos mencionados, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de verificar los hechos y determinar si existe responsabilidad penal.