Un presunto direccionamiento en el proceso de invitación pública (Nº 007-2026) que adelanta Comfaguajira para contratar el servicio de vigilancia privada, tiene en alerta a la comunidad al conocerse que favorecería presuntamente a la empresa que actualmente presta el servicio.
Una fuente informó a este medio, que la convocatoria estaría siendo adelantada únicamente para cumplir con un requisito formal, ya que, según la denuncia, los requisitos establecidos en el pliego de condiciones habrían sido diseñados de tal manera que solo una empresa, identificada como Vigil Ltda., pueda cumplirlos, lo que limitaría la participación efectiva de otros oferentes interesados en competir por el contrato.
Asimismo, la denuncia señala que existirían presuntos vínculos de cercanía entre directivos de la empresa de vigilancia y funcionarios de Comfaguajira tales como la Directora Diana Tello, la jefe de jurídica Leslie saloon y la jefe administrativa Kiana vence, situación que, de ser cierta, podría comprometer los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia que deben regir la contratación.
Otro de los señalamientos indica que, pese a que habría existido un litigio entre la empresa de vigilancia y Comfaguajira por una obligación económica, posteriormente se habría realizado el pago de la deuda, incluyendo intereses, y más adelante la misma empresa habría continuado como contratista del servicio de vigilancia.
La fuente también afirma que, entre el personal que actualmente presta el servicio, existiría la percepción de que la continuidad del contrato ya estaría definida, al punto de que algunos trabajadores tendrían la tranquilidad de permanecer vinculados durante un año más.
Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden exclusivamente a denuncias ciudadanas y no constituyen hechos comprobados. En ese sentido, se hace un llamado a los organismos de control para que, en ejercicio de sus competencias, verifiquen si el proceso contractual se está desarrollando con apego a los principios de transparencia, selección objetiva y libre competencia establecidos en la legislación colombiana.