Varios meses después de haberlos hecho perder sus curules, exponerlos ante el escarnio público y no permitirles aspirar de nuevo, los 16 concejales de Valledupar sancionados por la Procuraduría General de la Nación fueron absueltos de la medida.
El Ministerio Público los absolvió de los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría Regional del Cesar y la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, el 12 de diciembre de 2018 y el 17 de mayo de 2019, respectivamente por medio de los cuales fueron sancionados: Gloria Margarita Ovalle Aguancha, Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Aramendiz Sierra, Ricardo José López Valera, Leonardo José Mestre Socarras, Gabriel Muvdi Aranguena, Wilfrido Ortiz Arias, Alex Pana Zarate, Carlos Julián Picón Cortes, Luis Miguel Santrich Díaz, Roberto Carlos Castro Romero, Carlos Alberto Daza Lobo, Yesith Triana Amaya, Jaime Bomacelly Figueroa, José Rafael Gómez Solano y Eudes Enrique Orozco Daza.
Los concejales solicitaron la revocatoria de la medida “alegando su derecho al debido proceso y el principio de favorabilidad que debe reinar en todo proceso disciplinario, habían sido transgredidos por parte de las aludidas dependencias”.
Los concejales fueron sancionados por la Procuraduría por haber elegido como contralor municipal a Omar Contreras Socarrás, quien había ejercido un año antes de la elección como Defensor del Pueblo.
Los concejales eligieron a Contreras Socarrás en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado, sin embargo, la Procuraduría adujo en su momento, que este se encontraba impedido para asumir el cargo, por haber sido Defensor del Pueblo.
