Redacción: laregional.net- Cartagena
Aunque en Cartagena ningún juez ha ordenado la demolición del edificio Aquarela, la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación disciplinaria al alcalde William Dau Chamat por no darle cumplimiento a la acción policiva que ordena la demolición de la edificación.
La investigación también cobija a los actuales secretarios de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda, y de Planeación, Guillermo Ávila Barragán; al jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo Distrital, Fernando Abello Rubiano; lo mismo que al exalcalde Pedrito Tomás Pereira Caballero, y los exsecretarios de Infraestructura, Clara Calderón; de Planeación, Iván Darío Castro Romero; de infraestructura y director de Control Urbano, Edgar Marín Támara, y a los exjefes de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza Bernett, y de la Oficina Jurídica, Jorge Carrillo.
Con la investigación busca el Ministerio Público determinar la ocurrencia de posibles faltas disciplinarias supuestamente por irregularidades derivadas del incumplimiento de las órdenes de autoridades administrativas y judiciales, y una eventual omisión de funciones con respecto al edificio, el cual por su ubicación podría generar detrimento de los derechos de la humanidad, por la eventual afectación y amenaza al espacio público, la convivencia, salud, seguridad y salubridad ciudadanas.
El motivo de la investigación obedece a que al informe presentado por la Delegada para la Conciliación Administrativa que advirtió en el año 2018 de la acción policiva por invasión del espacio público por parte de la Inspección de Policía No. 2 de Cartagena, debido a que mediante la Resolución No. 001 del 9 de octubre de 2018, actualmente en firme y debidamente ejecutoriada desde el 26 de octubre de 2018, ordenó a la Constructora Promotora el pago de una multa de $157.248.400 y la restitución dentro de los dos meses siguientes de 619,59 metros cuadrados, sin que a la fecha se haya cumplido.
Según el Ministerio Público, supuestamente se han presentado acciones dilatorias para el cumplimiento de las órdenes constitucionales y policivas y la Alcaldía no ha cumplido con su deber de ejecutoriar la medida correctiva de demolición establecida en el artículo 94 del Código Nacional de Policía.
Es así como la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de supuestas conductas irregulares.