La aparición en el escenario público de Nain Pérez Toncel, alias «El Bendito Menor» —peligroso criminal y líder de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que delinquen en los departamentos de La Guajira y el Magdalena—, causa cada día más asombro e indignación. Recientemente, se ha conocido un video divulgado a través de las redes sociales en el que presuntamente se aprecia al hombre más buscado por las autoridades en la costa norte colombiana. Lo inconcebible es que por este sujeto se ofrece una recompensa de mil millones de pesos; sin embargo, en lugar de estar escondido en lo más profundo de la selva, se le ve participando en desfiles de motocicletas, paseando por centros comerciales de la región e, incluso, conduciendo y saludando a presuntos miembros del Ejército en plena Vía Troncal del Caribe.
Esta clase de imágenes producen un profundo desconcierto en la sociedad, pero especialmente hacen crecer un interrogante ineludible: ¿por qué este delincuente se pasea con tanta tranquilidad sin inmutarse ante la presencia de la Fuerza Pública? ¿Qué explicación le deben las autoridades policiales y militares a la ciudadanía frente a esta grave situación?
El desafío que este sujeto plantea a las autoridades responsables del orden deja demasiadas preguntas sin responder. Abre la legítima sospecha de si existe una connivencia entre quienes deben perseguir el delito y los criminales que se burlan de la justicia. Si estos hechos hubieran ocurrido en gobiernos de otra línea política, nadie dudaría en reafirmar la existencia histórica del «compadrazgo» entre miembros de la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley. Es precisamente este fenómeno el que hoy tiene a más de un uniformado sometido a los marcos de la justicia transicional del país. Ante la histórica dificultad de jueces y fiscales para robustecer las pruebas de esta complicidad, se ha optado por escucharla de boca de los mismos responsables; un camino que, infortunadamente, suele terminar en una completa impunidad que constituye una derrota para las víctimas que claman justicia ante los crímenes perpetrados por los violentos en asocio con agentes del Estado.
A este panorama se suman las recientes revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre los supuestos audios que comprometen al ex alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y a jefes del Clan del Golfo. En dichas grabaciones se negociarían beneficios tales como el desescalamiento de operaciones y el freno a los bombardeos. El escándalo es aún más severo si se considera que, supuestamente, en esos tratos se planeó la destitucion de altos oficiales de la Fuerza Pública comprometidos con perseguir a estos delincuentes, al ser vistos como un obstáculo para la denominada «Paz Total». Por estos hechos, la Fiscalía ha decidido llamar a indagatoria al excomisionado junto al ex ministro de la Defensa, Iván Velásquez. La gravedad del asunto se extiende al saberse que esta misma línea de investigación cobija a altos funcionarios del actual gobierno en el sonado caso de los computadores decomisados al jefe máximo del estado Myor de Bloques y Frentes (EMBF), de las disidencias, en lo que se conoce como los «archivos de Calarcá».
Es imposible ganarle la guerra al crimen organizado mientras existan estos graves señalamientos, permisividades o tratos oscuros entre altos funcionarios del Estado, miembros de la Fuerza Pública y estructuras criminales. Profundizar en la investigación y ejecutar una depuración real de las instituciones es el verdadero reto para cualquier gobierno —sea de derecha, izquierda o centro— que se diga comprometido con la paz y la tranquilidad de los colombianos. Mientras las autoridades guarden silencio ante las reiteradas apariciones de alias «El Bendito Menor», quien se ha vuelto un verdadero «influencer» del delito en redes sociales, la credibilidad de las fuerzas del orden quedará en el limbo, balanceándose peligrosamente entre la incompetencia y la complicidad.