El proceso de acercamientos entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo recibió un nuevo respaldo judicial luego de que el Consejo de Estado rechazara, por ahora, la solicitud de suspender las Zonas de Ubicación Temporal previstas para Chocó y Córdoba. La decisión permite que el mecanismo continúe vigente mientras avanza el estudio definitivo del caso.
La controversia surgió por una demanda que cuestionaba la legalidad de estos espacios, al considerar que su creación debía estar precedida por una norma aprobada por el Congreso que regulara este tipo de procesos. No obstante, el alto tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para adoptar una suspensión provisional.
Las Zonas de Ubicación Temporal hacen parte de la estrategia del Ejecutivo para facilitar los diálogos con esa organización armada, en medio de la política de paz impulsada por el presidente Gustavo Petro. Aunque su implementación había sido aplazada por el propio Gobierno, la resolución que las creó conserva plena validez.
Durante el debate jurídico también se plantearon inquietudes relacionadas con el funcionamiento de estos lugares, especialmente sobre los mecanismos de vigilancia, las condiciones para los integrantes del grupo ilegal y las medidas de protección para la población civil de las regiones donde estarían ubicados.
Mientras el Consejo de Estado emite una decisión definitiva sobre la demanda, el proceso continuará respaldado por la resolución vigente, lo que mantiene abiertas las posibilidades de avanzar en las conversaciones entre el Estado y el Clan del Golfo dentro de la apuesta gubernamental por reducir el conflicto armado.