Línea de investigación: Democracia y Gobernabilidad
El decreto 575 de 2021 de militarización expedido por el Gobierno nacional amenaza la autonomía administrativa de las autoridades locales y la salvaguarda de la descentralización política y territorial del país, protegidas por la Constitución de 1991 y posterior jurisprudencia.
El decreto —que contiene 3 artículos— ordena a las gobernaciones de 8 departamentos y a las alcaldías de 13 municipios que adopten 6 medidas de forma extraordinaria, en coordinación con la fuerza pública —específicamente con las Fuerzas Militares—, para reestablecer el orden. En caso de no acatar dichas disposiciones, las autoridades locales recibirían sanciones. Este escenario plantea 2 grandes problemas: por un lado, la violación a la autonomía y la descentralización y, por otro lado, el posible incremento de acciones irregulares por parte de la fuerza pública —que justamente han venido en ascenso desde que empezó el paro nacional el pasado 28 de abril—. Se trata de un decreto que no brinda garantías para salvaguardar los derechos humanos, ni para desescalar la violencia ni el uso desproporcionado de la fuerza.
Pares realizó una revisión de las primeras reacciones ante este decreto en los municipios y departamentos afectados. Este análisis deja 3 importantes conclusiones:
1) En su mayoría (43%), desde las alcaldías y gobernaciones se reaccionó en contra del decreto. Entre estos, hay casos de autoridades locales avaladas por partidos que a nivel nacional son de gobierno, pero que han exigido que no se implemente este decreto.
2) Si bien hay un 33% de casos en los que se desconocen las reacciones, es más probable que por las condiciones del desarrollo del paro en estos territorios no sea necesaria la militarización. Y, ante la ausencia de respuesta de alcaldías y gobernaciones, esta medida no sería efectiva para acabar con el paro.
3) El Gobierno nacional se va quedando cada vez más solo y sin el apoyo de los gobiernos locales respecto a las medidas autoritarias que pretenden sustituir la autonomía territorial y la descentralización política y administrativa. Esta brecha y las tensiones que dominan las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno, de cara al paro nacional, parecen dificultar la posibilidad de vislumbrar una salida institucional a la crisis que vive el país debido a las demandas sociales insatisfechas de distintos sectores de la sociedad civil.
En detalle, de acuerdo a las posiciones asumidas por cada gobierno local respecto a este decreto, se pudieron identificar 4 grupos. En el primero se encontrarían aquellas autoridades locales que han mantenido una defensa de la democracia y del orden constitucional, y que han rechazado la asistencia militar. Allí también están quienes han afirmado que no es necesaria la presencia de las Fuerzas Militares. Se trata de autoridades locales que han propuesto el diálogo como camino para solucionar la crisis. Esto representa el 43% de entes territoriales que aparecen referenciados en el decreto: las gobernaciones de Caquetá, Huila, Nariño y Risaralda; y las alcaldías de Facatativá, Madrid, Neiva, Pasto y Bucaramanga.
En el segundo grupo estarían aquellas gobernaciones y alcaldías a las que les impusieron la asistencia militar ante la difícil situación de orden público y que no contaban con herramientas para generar un contrapeso ante el incremento del pie de fuerza impuesto por el Gobierno nacional. Esto corresponde al 19% de los entes territoriales: la gobernación del Cauca y los municipios de Popayán, Buenaventura y Cali.
En un tercer grupo se encontrarían las alcaldías y gobernaciones en las que se desconoce cuál ha sido su posición respecto al decreto y cuál es el estado de su implementación. Esto representa el 33% se los entes territoriales referenciados en el decreto: las gobernaciones de Putumayo y Norte de Santander, y las alcaldías de Ipiales, Pereira, Buga, Palmira y Yumbo. F:/Pares.