
Por: Miguel Macea Di Martino
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) viene ampliando su capacidad de intimidación y acción armada en el sur del Cesar. Sus recientes incursiones, los ataques contra instalaciones policiales y los secuestros selectivos evidencian una situación de orden público que merece mucho más que anuncios institucionales y reuniones de seguridad.
Los hechos hablan por sí solos. El secuestro de Yenny Salazar, ex personera de Tamalameque, y posteriormente el de su padre, Juan Salazar, junto con otros episodios de violencia registrados en esta zona del departamento, reflejan la capacidad de movilidad, organización y planificación de esta estructura armada. No se trata de hechos aislados que puedan despacharse con un comunicado oficial.
Resulta preocupante escuchar a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, y a los altos mandos de la Policía y el Ejército referirse a la situación de seguridad como si estuviera bajo control, cuando en los territorios persiste el temor de las comunidades y se siguen presentando acciones armadas que ponen en evidencia la vulnerabilidad de la población.
La pregunta es inevitable: ¿qué está pasando con la estrategia de seguridad en el sur del Cesar? Mientras las autoridades anuncian consejos de seguridad, los habitantes esperan resultados concretos, garantías para sus vidas y una presencia institucional que no se limite a declaraciones ante los medios de comunicación.
También me preocupa la situación de los policías y de los jóvenes soldados que permanecen en estas zonas de conflicto. Son hombres que exponen diariamente sus vidas en territorios donde las estructuras armadas mantienen capacidad de acción y cuentan con armamento de alto poder. No podemos permitir que la falta de prevención, coordinación o información de inteligencia termine convirtiéndolos en víctimas de una confrontación para la cual deben existir mejores estrategias de protección.
Otro asunto que merece una explicación pública es la capacidad de inteligencia de la Fuerza Pública. Si se cuenta con información suficiente y mecanismos de prevención, ¿cómo se han podido producir ataques contra instalaciones policiales en sectores como El Platanal, El Burro, Pailitas, Curumaní, San Roque y Aguachica? ¿Qué falló en los mecanismos de alerta y reacción? ¿Qué medidas se han adoptado para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse?
No se trata de desconocer el trabajo de los uniformados ni de desestimar las dificultades que representa enfrentar a grupos armados en territorios extensos y complejos. Se trata de exigir transparencia, autocrítica y respuestas sobre una realidad que viven a diario los habitantes del sur del Cesar.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué está pasando, cuáles son las capacidades reales de la Fuerza Pública en esta región y qué acciones se están ejecutando para recuperar la tranquilidad.
El sur del Cesar no necesita más consejos de seguridad convertidos en titulares de prensa. Necesita resultados, prevención, inteligencia, protección para sus comunidades y una estrategia que permita recuperar el control territorial. La seguridad de los cesarenses no puede seguir dependiendo de anuncios oficiales mientras el miedo se instala en sus municipios.
