Cada cierto tiempo reaparece la misma propuesta: cerrar el balneario Hurtado para proteger el río Guatapurí. La idea puede sonar atractiva para algunos, pero en realidad es una confesión de fracaso. Cuando un Estado decide ponerle candado a un bien público porque no es capaz de hacerlo respetar, el problema no es el río, sino la falta de autoridad.
El Guatapurí no es un parque privado ni un club exclusivo. Es el corazón de Valledupar, el lugar donde generaciones crecieron, donde el turismo encuentra uno de sus mayores atractivos y donde miles de familias buscan un espacio para compartir. Quitarle el río a la gente sería castigar a quienes lo disfrutan correctamente, mientras los verdaderos responsables del deterioro siguen actuando con impunidad.
Lo que durante años convirtió a Hurtado en un foco de desorden no fue la presencia de los ciudadanos, sino la ausencia de controles. Casetas sin reglas, vertimientos de grasa, plantas eléctricas contaminando el ambiente, vehículos invadiendo las rondas del río y toneladas de basura abandonadas después de cada fin de semana fueron el resultado de una permisividad que nunca debió existir.
La solución no es cerrar el balneario, sino administrar el espacio con rigor. El comerciante que contamine debe ser sancionado. Quien arroje basura debe responder ante la autoridad. Los vehículos deben permanecer lejos de la ribera y la vigilancia ambiental debe ser permanente, no solo cuando estalla una polémica.
Los estudios técnicos continúan demostrando que el Guatapurí mantiene condiciones para el disfrute de los ciudadanos. Ese patrimonio merece protección, pero también merece respeto por parte de quienes lo visitan y decisiones responsables por parte de quienes lo administran.
El río no puede convertirse en víctima de la incapacidad institucional. Valledupar necesita un Guatapurí limpio, organizado y seguro, no un Guatapurí con rejas. Los ríos no se protegen alejando a la gente; se salvan haciendo cumplir la ley. Esa es la diferencia entre gobernar y simplemente prohibir.