Por: Nerio Luis Mejía
Hay verdades que quizás jamás conozcamos en vida y preguntas con las que, tal vez, terminaremos echando el último aliento a la tumba. El funcionamiento del Estado lleva a más de un ciudadano a cuestionarse de manera recurrente: ¿a dónde van a parar realmente nuestros impuestos? ¿Por qué, al acercarnos a realizar un trámite ante las entidades públicas, debemos adoptar una postura sumisa, como si solicitáramos un favor a un funcionario cuyo sueldo pagamos nosotros mismos? Esa subordinación cotidiana invita a una reflexión ineludible: ¿acaso no es nuestro deber fundamental comprender cómo se ejerce el poder en Colombia?
La clásica división de poderes es una doctrina de constante debate en el país, un territorio que por momentos se asemeja a una embarcación a la deriva, sacudida por la marea incesante de los escándalos políticos. Frente a esta crisis de representatividad, la ciudadanía suele exclamar con escepticismo: «¿Qué pasó con la división de poderes?». La desconfianza ciudadana ha erosionado por completo la credibilidad de las ramas Ejecutiva y Legislativa. Sin embargo, lo que una democracia no puede permitirse bajo ninguna circunstancia es el colapso del voto de confianza en la administración de justicia.
La justicia es la sal de cualquier sociedad; requiere, como mínimo, un blindaje básico contra la corrupción. No se pretende una institución utópica o inmaculada, pero sí una estructura incorruptible. Lamentablemente, en Colombia la justicia no escapa al deterioro institucional generalizado.
Se trata de una maquinaria sumamente costosa para el erario publico. A manera de ilustración, el Consejo Superior de la Judicatura expuso requerimientos por cerca de 16 billones de pesos para el presupuesto de la Rama Judicial, de los cuales la asignación gubernamental contempló 11,6 billones de pesos —un monto que provocó discrepancias en el sector judicial al considerarse insuficiente para atender las necesidades de modernización y descongestión.
A pesar de esta inversión billonaria, la percepción de impunidad sigue siendo abrumadora. Muy pocos ciudadanos confían en la efectividad del aparato judicial, al punto de preferir el silencio antes que la denuncia. Esta desconfianza abarca desde el delito callejero cotidiano hasta los grandes entramados de corrupción trasnacional, donde resulta habitual e irónico que se prefiera recurrir a la justicia de Estados Unidos antes que acudir a los tribunales locales.
En los últimos años se ha vuelto recurrente que las denuncias de alto impacto contra políticos y empresarios terminen bajo el radar de la justicia estadounidense. Esta dinámica plantea interrogantes de fondo: ¿para qué continuar financiando un sistema judicial costoso que genera tan poca credibilidad ciudadana? ¿Clama la justicia colombiana por una reestructuración profunda, capaz de hacerla renacer de sus cenizas sin los vicios que hoy la atenazan, o terminarán sus funciones relegadas de facto ante tribunales extranjeros?
Hasta qué punto se puede hablar de independencia y soberanía nacional cuando el Estado muestra incapacidad para juzgar y condenar en su propio territorio, y bajo sus propias leyes, a quienes quebrantan el ordenamiento jurídico. Avanzar hacia esa dependencia judicial equivale a renunciar a la identidad institucional. No es posible hablar de una democracia plena cuando los ciudadanos, en todos los estratos, han dejado de creer en sus jueces. Colombia exige un debate jurídico, político y, sobre todo, moral para reevaluar la sostenibilidad y pertinencia de un sistema costoso que sigue quedando en deuda con su mandato constitucional.