En La Guajira se debe poner especial atención a la paradoja que se presenta entre las comunidades y las empresas del sector energético o turístico. Por un lado se ven empresas que obtienen abundantes beneficios gracias a la explotación de los recursos naturales, pero el pueblo wayú, que constituye prácticamente la mitad de la población de la zona, pasa hambre y sed, encontrándose, en definitiva, en una situación de vulnerabilidad extrema.
Así lo advirtió la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, en su visita al territorio haciendo especial énfasis en la presencia de Cerrejón y empresas de energías renovables y afirma que “desde la Relatoría Especial observamos con especial preocupación que las vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales estarían intrínsecamente relacionadas con el rol de los actores empresariales”.
Explica que no sólo las organizaciones de la sociedad civil y comunidades señalaron durante su visita al territorio el actuar de empresas del sector extractivo, como Carbones del Cerrejón Limited, por sus impactos en la salud, el agua, medio ambiente o los derechos de información y participación, sino que también señalan a empresas de energías renovables que, en el marco de sus actividades, no estarían actuando con la debida diligencia en tanto replican la forma de actuar de las empresas extractivas en el territorio.
En ese sentido, también recibió denuncias sobre desalojos, amenazas a líderes y lideresas y hostigamientos por su actividad en defensa de los derechos humanos, lo cual atenta contra su derecho a defender derechos y el medio ambiente sano, entre otros derechos humanos.
Igualmente, que se estarían concediendo territorios a perpetuidad y sin respetar los derechos a la propiedad colectiva, consulta y consentimiento previo, libre e informado de diversos pueblos indígenas, lo cual iría a contramano de las obligaciones internacionales de derechos humanos vigentes.
“Las energías renovables son importantes para asegurar transiciones justas en el contexto de la emergencia climática, sin embargo, no se puede hablar de energías limpias en la medida que no respeten los derechos humanos de las comunidades a las que afecta su instalación y operaciones”, enfatizó.