Redacción: laregional.net-
En un acto de reivindicación de la historia, del esclarecimiento de la verdad y de la dignidad de lucha que los condujo a hacer parte del Acuerdo Final de Paz, excombatientes de la antigua guerrilla revolucionaria de las FARC-EP del otrora Bloque Martín Caballero, que ejerció la rebelión en el Caribe Colombiano, emitieron un comunicado a la opinión pública para pedir respeto y se estigmatice que los más de 53 años de su lucha, sean entendidos como bandidaje o delincuencia común.
“Nunca participamos ni conocimos de unas filas insurgentes ‘lumpenizadas’, ni en proceso de descomposición. Nuestro compromiso con la paz no implica odiar nuestra tradición insurgente, ni repudiar la lucha que de forma altruista levantamos por años. El Acuerdo de Paz nos exige aportar al esclarecimiento de la verdad, por eso denigrar con mentiras de nuestro pasado para ganar aplausos, es faltar a lo cierto y a lo firmado en La Habana”, afirman en el comunicado.
De igual manera, lamentan las infracciones al reglamento cometidas por integrantes de la organización que fueron debidamente procesadas en el marco de la juridicidad insurgente, así como las afectaciones dolorosas a la población civil que pudo causar el accionar rebelde.
“No es correcto que ya desarmados se nos quiera someter a categorías y lógicas propias de una justicia parcializada que siempre rechazamos y que no corresponde con lo firmado en La Habana. Las antiguas FARC-EP fueron una organización rebelde, que se levantó en armas por la defensa de la vida y en ejercicio del derecho universal de la rebelión, enmarcada en el llamado delito político y sujeta al derecho internacional humanitario y sus parámetros”, afirman.
Por otra parte, afirman que en nada aporta a la verdad pretender presentar a las FARC-EP como una organización sin cohesión trasladando las responsabilidades de lo acaecido en la guerra a mandos medios y regionales.
Siendo un ejército irregular siempre hubo una clara cadena de mando, una estructura nacional, unos estatutos y una normatividad interna que regularon nuestro accionar en el conflicto armado, de lo contrario nunca hubiéramos podido exigir y ganar nuestro reconocimiento como contraparte del Estado colombiano para la negociación, ni lograr un Acuerdo de Paz con el apoyo de la comunidad internacional.
Destacan a través del comunicado, que fueron guerrilleros y guerrilleras, insurgentes revolucionarios, pero no secuestradores, ni violadores, ni delincuentes comunes o narcotraficantes.
Cualquier afirmación desafortunada en este sentido mancilla la memoria de cientos y miles de camaradas que murieron en combate o en cumplimiento de sus misiones, con su moral intacta y su ética revolucionaria sin mancha, cumpliendo estrictamente y de manera subordinada las ordenes que les dieran sus respectivos comandantes superiores.
En el antiguo Bloque Martín Caballero desarrollamos una política respetuosa de relacionamiento con las comunidades campesinas y con los pueblos étnicos, contando orgullosamente con la participación en nuestras filas de camaradas aruhacos, kankuamos, koguis, wiwas, wayuú y yukpas, así como de las comunidades palenqueras y del pueblo negro del Caribe.
“Es faltar a la verdad presentarnos como sus victimarios. Ratificamos nuestro compromiso con el Acuerdo final de paz, con las víctimas, con la verdad y la reconciliación, como elementos fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera. Les garantizamos a las víctimas, a los excombatientes y al país que esta verdad será aportada, sin disimular o anular responsabilidades donde las haya, en apego a lo pactado en el Acuerdo de Paz, reconociendo a las FARC-EP como una organización rebelde con cadena de mando y no como hordas criminales”, aseguran.
Denuncian la perfidia al Acuerdo Final de Paz y la estigmatización a la cual están siendo sometidos, representada no solo en los cambios realizados a lo firmado como ocurre con el funcionamiento de la JEP, sino por el genocidio que viven las y los excombatientes y los líderes sociales, recrudecido desde la dejación de armas. “Exigimos que el Estado cumpla y se nos garantice la seguridad física y jurídica acordada”.