La presión de los grupos armados ilegales sobre la población civil encendió las alarmas en Magangué, Bolívar. La Defensoría del Pueblo advierte que el avance del Clan del Golfo está poniendo en peligro a comunidades rurales y urbanas, por lo que pidió adoptar medidas urgentes mediante la Alerta Temprana 024 de 2026.
El impacto de la violencia se refleja en los registros conocidos por la entidad: durante los primeros siete meses de 2026 fueron asesinadas 23 personas y otras 11 resultaron heridas en ataques sicariales. En el periodo comprendido entre abril y noviembre de 2025 también se reportaron 19 homicidios. De acuerdo con el diagnóstico, muchas de las víctimas tenían menos de 35 años.
El temor también golpea la actividad económica. Comerciantes han denunciado recibir hasta 15 llamadas extorsivas diarias, mientras que en varias zonas rurales se advierte sobre cobros ilegales, restricciones para movilizarse y presiones sobre habitantes.
La situación representa una amenaza adicional para las organizaciones comunitarias, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente.
Otro motivo de preocupación es la posible utilización de jóvenes para fortalecer las estructuras armadas y la presión denunciada contra integrantes de juntas de acción comunal.
La Defensoría identificó como responsable del escenario de riesgo a la subestructura Nicolás Antonio Urango y presentó 32 recomendaciones preventivas y humanitarias. Magangué enfrenta así un desafío que exige acciones institucionales para proteger a la población y evitar que el control armado siga extendiéndose por el territorio.