En diferentes regiones del país, la Fiscalía ocupó bienes que habrían sido adquiridos con dineros obtenidos del tráfico trasnacional de estupefacientes, y otros destinados a esa actividad ilícita; los cuales conformarían el patrimonio de presuntos cabecillas de varias estructuras ilegales, entre estos los pertenecientes a alias ‘Otoniel’.
Las operaciones se realizaron en Antioquía, Atlántico, Risaralda, Quindío,
Valle del Cauca, Huila, Caquetá, Nariño Cundinamarca, Tolima y Bogotá para hacer efectivas las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión
sobre activos avaluados en cerca de 260.000 millones de pesos.
En los procedimientos fueron afectadas propiedades que pertenecerían al patrimonio ilegal de:
• Mario Élber Garzón Escobar, alias Mario Bros, quien sería el principal articulador del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’ por designación directa del extraditado máximo cabecilla de esa organización, alias Otoniel.
• Una sociedad que, supuestamente, estuvo al servicio de Phanor Arizabaleta Arzayús, exintegrante del ‘Cartel de Cali’, y su núcleo familiar.
• Ever Alexis Santander Prado, presunto intermediario entre los grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador, con los denominados carteles de la droga de México.
• Jaime Quintero Carvajal, quien, en 2017, regresó a Colombia tras cumplir una condena en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. A su retorno al país, al parecer, intentó recuperar bienes por la fuerza, entre estos, lotes en Candelaria (Valle del Cauca) que aparecían a nombre de algunos de sus familiares.
• Una red criminal que, desde 2016, habría enviado varias toneladas de cocaína a Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Ecuador y Estados Unidos, a través de lanchas rápidas,
submarinos autopropulsados y semisumergibles.
• Presuntos auspiciadores del tráfico de cocaína, marihuana y benzodiacepinas para las organizaciones criminales La Terraza y La Oficina.
• Cabecillas de La Cordillera, quienes habrían adquirido predios en Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Cauca, Valle del Cauca y Bogotá, entre 2005 y 2018.
• Gonzalo Santiago Barreto, condenado por el Tribunal Correccional de Luxemburgo a 10 años de prisión, en noviembre de 1994.
• Alfredo Rivas y María Esperanza González Herrera, sentenciados por la Audiencia
Provincial de Madrid (España) como autores de un delito contra la salud pública por
distribuir estupefacientes.
• También fueron ocupados bienes de la organización Los Chacón que delinquía en la localidad de Santa Fe en Bogotá. Estas redes usaban hoteles y otros inmuebles para almacenar y comercializar estupefacientes en pequeñas cantidades y para recaudar el
dinero producto del comercio ilegal de estupefacientes.
