En el término del plazo de 30 días definido en el marco del decreto 1085 del 2 de julio de 2023, el cual declaró ‘Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira’, el Gobierno emitió nuevas medidas con fuerza de ley para atender la situación.
Al decreto 1250 del 26 de julio de 2023, el cual definía una serie de medidas en torno al manejo del agua en territorio, se sumaron otros 11 decretos que fueron firmados este 31 de julio por el Gobierno.
Uno de los que más ruido generó fue el decreto 1276 del 31 de julio, por medio del cual el Ministerio de Minas y Energía suspendió los contratos de largo plazo adquiridos por medio de subastas. Además, el decreto señala que los generadores deberán suministrar la energía durante el periodo de administración, por el menor valor entre el precio estimado en el contrato y el precio promedio en bolsa.
Esta decisión prendió alertas ya que, tira por la borda el respeto al cumplimiento de contratos pactados con los comercializadores, los cuales, al no poder ejecutar las garantías a los generadores, deberán comprar la energía en la bolsa a un precio alto, hoy influenciado por el efecto del fenómeno de El Niño. Dichas fuentes calculan un aumento de hasta el 5% en el costo unitario del kilovatio a los usuarios de estos comercializadores que compraron energía en las subastas de largo plazo y cuya obligatoriedad se suspende.
El decreto también establece una sobretasa a los estratos altos, la cual deberán asumir durante seis meses los hogares en niveles socioeconómicos 4, 5 y 6. Esto con el fin de contar con “recursos para la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el departamento de La Guajira”. Dicho cobro será de $1.000 cada mes para cada hogar, según lo establecido en el decreto emitido por el Gobierno.