Dagoberto Quiroga, abogado del senador Gustavo Petro, instó una demanda ante la Corte Constitucional en la que solicitaba tumbar unas normas del Código Disciplinario que establecen inhabilidades para quienes hayan sido encontrados responsables fiscalmente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Petro cuando afirmó que las entidades administrativas no pueden inhabilitar a quienes han sido elegidos popularmente.
El tema está en las agendas tanto de la Corte constitucional como en la Comisión, y puede ocasionar que el Estado colombiano pueda ser condenado por no modificar sus normas internas.
La norma establece que el funcionario público que sea declarado como responsable fiscalmente, será inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes al fallo; la inhabilidad se cancelará cuando la Contraloría declare haber recibido el pago o en su defecto, cuando esta misma entidad excluya al responsable de la responsabilidad fiscal.
A Petro lo habían sancionado por haber bajado los precios de los pasajes de Transmilenio en horas valle durante su mandato como Alcalde de Bogotá, y la Contraloría Distrital le impuso una multa por 200.000 millones de pesos al encontrarlo responsable del detrimento patrimonial.
En este momento la sanción se encuentra suspendida luego de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le otorgó medidas cautelares de manera provisional hasta que se pronuncie de fondo sobre la sanción, medida que permitió posesionarse como Senador el pasado 20 de julio.
Por su parte, el Ministerio Público mediante la Procuraduría decidieron archivar el proceso disciplinario en su contra, luego de considerar que el exalcalde impuso una política pública basada en estudios técnicos, eximiéndolo de cualquier responsabilidad.
La revisión que comenzará a realizar la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene a su determinación el futuro político de Petro y de otros políticos con deudas con el Estado por actos incurridos contra los recursos públicos, aunque también podrían salir beneficiados si la acción jurídica sale favorable. Fuente consultada: revista Semana.