La Jurisdicción Especial para la Paz ha imputado a cinco exaltos mandos del Ejército por su presunta responsabilidad en el genocidio contra la Unión Patriótica.
La investigación determinó que entre 1980 y 1990 se llevó a cabo una campaña sistemática para destruir al partido político, dejando un saldo de al menos 8.929 víctimas, incluyendo 5.729 asesinatos y desapariciones.
Los imputados son el mayor general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
Según la JEP, estos exmilitares fueron coautores de una política contrainsurgente que persiguió y aniquiló a un movimiento político legal bajo el pretexto de combatir a las FARC.
La violencia fue generalizada y afectó a 427 municipios del país, impactando a toda la estructura de la UP.
La JEP documentó numerosos crímenes, incluyendo asesinatos, desapariciones, atentados, desplazamientos forzados y torturas.
La decisión se basó en informes oficiales y de organizaciones de víctimas, así como en testimonios.
Este caso es considerado un ataque directo contra la democracia colombiana.