Gobernador Erasmo Zuleta, en la mira por tierras de la Ciénaga El Vidrial

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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) puso nuevamente bajo la lupa la situación jurídica de varios terrenos ubicados en la Ciénaga El Vidrial, en zona rural de Montería, un cuerpo de agua reconocido como bien de uso público desde 1988.

Entre los predios analizados aparecen tres registrados a nombre del gobernador de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara, con porcentajes importantes de superposición con el área de la ciénaga.

Según conoció Laregional, la decisión está contenida en la Resolución 202632000350876, expedida el 3 de junio de 2026, mediante la cual la ANT revisó la situación de 66 folios de matrícula inmobiliaria relacionados con el sector. El análisis estableció que 15 predios están completamente dentro del polígono de la ciénaga, mientras otros 10 presentan diferentes niveles de traslape.

En el caso de Zuleta Bechara, uno de los folios aparece con una superposición del 82,70 % sobre la Ciénaga El Vidrial y otro alcanza el 84,05 %. Un tercer inmueble registra una afectación cercana al 18 %. La ANT sostiene que estas áreas coinciden con un espacio que ya había sido delimitado como bien de uso público por el antiguo Incora mediante una decisión adoptada en 1988.

La controversia, sin embargo, todavía tiene un capítulo administrativo pendiente. La propia resolución contempla que en los predios con traslape parcial continúe el procedimiento para establecer la situación jurídica de las áreas que quedan por fuera de la ciénaga.

Zuleta ha sostenido públicamente que adquirió los terrenos de buena fe y que el procedimiento de la ANT no constituye todavía una decisión definitiva sobre la totalidad de sus predios.

El caso también involucra a otros particulares cuyos terrenos aparecen dentro o parcialmente dentro del polígono de El Vidrial. La disputa se remonta a varias décadas y refleja cómo áreas reconocidas como públicas terminaron relacionadas con diferentes folios inmobiliarios.

La resolución de la ANT puede ser controvertida mediante los recursos administrativos correspondientes, por lo que la situación jurídica de las áreas aún sometidas a clarificación tendrá que definirse en las siguientes actuaciones.


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