La decisión se adoptó tras una reunión del alto Gobierno, en la que se evaluó la situación de varias regiones del país donde, según las autoridades, han surgido riesgos para los beneficiarios de estos procesos de adjudicación. La instrucción fue reducir los tiempos de formalización de los terrenos.
Desde la Casa de Nariño se advirtió que la falta de escrituras puede dejar en condición de vulnerabilidad a los nuevos propietarios, por lo que se pidió a las entidades responsables priorizar los trámites pendientes y garantizar que cada entrega quede plenamente respaldada por la ley.
El Ejecutivo también anunció que reforzará el acompañamiento institucional y las acciones de seguridad en las zonas donde avanza la reforma agraria, buscando proteger a las comunidades rurales y evitar que actores ilegales interfieran en los procesos de distribución de tierras.
Con esta medida, el Gobierno espera consolidar la estabilidad de las familias campesinas, fortalecer la confianza en la política de acceso a la tierra y avanzar en la formalización de la propiedad rural como uno de los pilares para el desarrollo del campo colombiano.