La Regional conoció que el Gobierno de Abelardo De La Espriella ordenó una operación penitenciaria que terminó con el traslado de 117 internos considerados de alto perfil, varios de ellos relacionados con procesos de negociación de paz que se adelantan en el país.
Los reclusos fueron sacados de los establecimientos donde permanecían y enviados a cárceles de alta seguridad en diferentes regiones de Colombia, entre ellas Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
La decisión fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) bajo la directriz del Gobierno Nacional, que busca cerrar espacios para que organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles o utilicen a los internos para impartir órdenes hacia el exterior.
La Regional conoció que la medida hace parte de las primeras acciones de la nueva administración para recuperar el control efectivo de los establecimientos penitenciarios y reforzar los mecanismos de vigilancia sobre internos con capacidad de influencia dentro de estructuras armadas o delincuenciales.
Desde el Gobierno advirtieron que las cárceles no podrán convertirse en centros de operaciones para actividades criminales y que quienes intenten mantener ese tipo de prácticas desde prisión quedarán bajo la lupa de las autoridades.
Con los traslados, la administración nacional busca enviar un mensaje directo: el control de las cárceles será una prioridad y ningún interno podrá utilizar su permanencia en prisión para fortalecer organizaciones criminales o evadir las disposiciones judiciales.